Justicia y prejuicios

«Poco a poco, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco al niño». «La mujer es una enemiga acérrima de la custodia compartida». «Hay mujeres que van a la caza de la orden de protección». «Se les dan tantas ventajas para denunciar». Son las palabras de David Maman, magistrado de Violencia contra la Mujer en Madrid. El mismo que lleva el caso de la inspectora que denunció al ex-DAO. No lo dijo en privado. Son declaraciones públicas de una ponencia.

El Ministerio de Igualdad ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que lo investigue. Hay quienes sostienen que el Gobierno no puede opinar sobre jueces. En realidad, la Constitución no exige silencio institucional. Los jueces, en cambio, sí están sujetos a la imparcialidad y prudencia en sus manifestaciones públicas, según la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por cierto, salvo un comunicado de Mujeres Juezas hablando de sesgo y prejuicios, sorprende el silencio de otras asociaciones judiciales. Podrían haber emitido un comunicado para crear en las víctimas una red de confianza… pero no.

Estas declaraciones han generado en la opinión pública un debate sobre la confianza en la justicia. También han tenido mucha repercusión, pero ojo a otras noticias que pasaron más desapercibidas, que ayudan a entender todo algo mejor. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo alertó que el 60% de los jueces de Violencia contra la Mujer, el 50% de lo penal, y el 85% de los destinados en los juzgados con competencias compartidas, no habían recibido en los últimos cinco años formación continua en perspectiva de género. De 5.416 jueces en activo solo 213 han hecho los cursos online. Es decir, alrededor de un 4%.

Así, no extraña que el Consejo de Europa y Naciones Unidas lleven años advirtiendo a España de deficiencias en la protección de mujeres y menores en el sistema judicial. Recuerden a Ángela González Carreño o Itziar Prats, con sus hijas asesinadas por su padre tras pedir ayuda a la justicia. Tampoco extraña que la fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, dijera que el «100% de las víctimas de violencia de género no volverían a denunciar», por vivir un «calvario procesal».

Y, al margen del juez, solo pienso en las consecuencias. Si yo fuera víctima y escuchara que hay mujeres que van «a la caza de la orden», me pensaría denunciar temiendo no tener garantías. Si yo fuera víctima y escuchara «se les dan tantas ventajas para denunciar», me cuestionaría acudir a la justicia por si me consideran oportunista.

Si yo fuera víctima y escuchara que le lavo «el coco al niño», temería que mi preocupación por la seguridad de mis hijos la consideren manipulación. Si escuchara que «la mujer es una enemiga acérrima de la custodia compartida», me preguntaría si mi negativa sería entendida o directamente puesta en duda.

Porque la violencia de género cambia todo el contexto. Y cuando la justicia no entiende esa diferencia, deja de ser justicia para convertirse en riesgo. Tanto, que algunas ya no pueden ni contarlo.

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