La espera por Alfonso Molina

La movilidad constituye, sin duda, uno de los principales problemas de A Coruña, motivado por su condición peninsular y el gran número de ciudadanos que entra y sale de la ciudad cada día para realizar su jornada laboral o disfrutar del ocio y regresar después a sus hogares en el área metropolitana. La complejidad de regular estos movimientos se intensificará dentro de unos pocos años cuando surja el gran barrio de Monte Mero, por lo que mejorar las comunicaciones, las conexiones mediante el bus urbano y las rutas peatonales suponen una prioridad para el Concello, pero también para el resto de administraciones, con un autobús metropolitano más eficiente —competencia de la Xunta— y agilidad en las obras viarias —Gobierno central—.

La avenida de Alfonso Molina es la principal arteria de acceso a la ciudad y esta semana LA OPINIÓN adelantó en su página web que el Gobierno central licitaba por fin el proyecto de integración ambiental de la vía tras una década de tramitación y mucho más tiempo de espera desde que se puso sobre la mesa la necesidad de ampliarla.

El proyecto incluirá sendas peatonales, carriles bici y espacios verdes en los márgenes del vial, así como una pasarela en el enlace de Pocomaco y Matogrande y el presupuesto de licitación roza los 5,9 millones de euros. Una vez se adjudique, debería estar finalizado en año y medio.

Alfonso Molina ilustra, como pocos casos, la desidia que desde hace lustros muestra la Administración central —al frente de la cual se han alternado PSOE y PP— con una obra fundamental para A Coruña y su área de influencia, es decir, para uno de los puntos más poblados y dinámicos de Galicia. Esta integración paisajística no figuraba en el proyecto original de ampliación de la avenida que data del año 2007, cuando en Moncloa se sentaba José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno y en la Alcaldía herculina Javier Losada había relevado a Francisco Vázquez.

Nueve años después, el Ejecutivo del PP con Mariano Rajoy al frente pactó con el entonces alcalde Xulio Ferreiro una solución adecuada al concepto de urbanismo moderno, combinando la presencia de los vehículos a motor con un mayor espacio para los peatones, la promoción de los carriles bici y, sobre todo, una reducción del asfalto en favor de zonas verdes que oxigenen nuestro entorno.

Llegó la moción de censura, un nuevo ciclo político, la crisis inédita y global del covid... y esta integración ambiental comenzó a acumular polvo en un cajón mientras el resto de actuaciones en la avenida fueron avanzando a cuentagotas, luchando incluso contra encarecimientos y retrasos motivados, por ejemplo, por un oleoducto.

El pasado enero el Gobierno municipal que lidera la socialista Inés Rey, alcaldesa desde 2019, avanzó su intención de exigir una licitación inmediata del citado proyecto de integración ambiental, objetivo finalmente conseguido después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacase la obra a concurso esta misma semana, si bien la debilidad parlamentaria del Ejecutivo central de coalición presidido por Pedro Sánchez, que gestiona el devenir estatal con las cuentas prorrogadas desde 2023 y ya reconoce que solo se plantea el proyecto de 2027 —justo el año electoral—, plantea algunas dudas sobre si se producirá su adjudicación y ejecución.

Aun así, es de celebrar que, por fin, se dé el primer paso para saldar una deuda con la ciudad que evidencia la escasa atención de los sucesivos gobiernos centrales no solo hacia un ayuntamiento con un cuarto de millón de habitantes, sino a un área metropolitana que supera los 461.000 vecinos, una cifra de afectados que, incomprensiblemente, no ha logrado en una década asistir al desbloqueo de una obra que no llega a 6 millones de euros. Ya era hora.