El deber de la integridad

En un Estado de Derecho la libertad no es un concepto abstracto, sino un equilibrio delicado que debe ser preservado mediante una seguridad que garantice la convivencia ciudadana, la armonía social, siempre bajo el amparo de las normas constitucionales. El orden y el respeto configuran los cimientos de una sociedad donde el prójimo delimita nuestros propios márgenes y se convierte en la referencia ética necesaria. Un sistema político se precipita hacia el fracaso, incluso el colapso institucional, cuando ocurre lo opuesto: impera la ley de la selva, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial abdican de sus funciones y los administradores públicos son los primeros en vulnerar sus obligaciones.

 No estamos ante una cuestión puramente ideológica; la integridad y la ignominia, incluso vileza, se manifiestan en todas las formaciones y geografías. El verdadero peligro emerge cuando los bárbaros son ensalzados y la rectitud es desvirtuada.

 En las aguas de Huelva han sido asesinados dos servidores públicos. Su sacrificio ejemplar en defensa del bien común y del bienestar general exige, ante todo, nuestro respeto y el honor de un reconocimiento explícito, solemne. Resulta intolerable la ausencia de la alta representación del Estado en los funerales de quienes entregaron su vida por España, como también lo es cualquier intento de reducir a un mero conflicto laboral lo que constituye un crimen execrable. La instrumentalización política de esta tragedia es inadmisible; la lucha contra el narcotráfico requiere de una implicación total de la sociedad y sus instituciones antes de que este cáncer social termine por corromper nuestra convivencia. Debemos exigir con firmeza el uso de todos los recursos estatales necesarios para combatir una realidad que, lejos de las ficciones televisivas, destruye vidas, economías y el futuro de nuestra juventud.

 El valor demostrado por las familias de los caídos es el más triste y hermoso poema de coraje; en sus lágrimas reside la dignidad de una nación que no puede permitirse que la demagogia opaque el honor de la Guardia Civil, el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pilares esenciales de nuestra democracia.

 La impunidad del crimen organizado no solo se mide en la violencia de sus actos, sino en la erosión de la autoridad moral de quienes deben combatirlo desde los despachos y las instituciones. Cuando el Estado retrocede, el vacío es ocupado por el miedo y la ley de la conveniencia, pragmatismo amoral, dejando desprotegidos a quienes, por un sueldo a menudo exiguo, se convierten en el último bastión frente a la barbarie. No cabe la equidistancia ni el silencio administrativo cuando la sangre de los servidores públicos tiñe nuestras aguas; la respuesta debe ser una dotación de medios técnica y jurídicamente incontestable, que devuelva la confianza a una ciudadanía que asiste atónita a la desidia. Es imperativo que la justicia no sea solo un ideal remoto, sino una presencia tangible y vigorosa que garantice que ningún delincuente, por poderoso que sea su arsenal o su cartera, se sienta por encima del sacrificio de aquellos que lo dieron todo por la libertad de los demás.