El Estado (español) es un chismoso

Imaginemos que un desconocido le pregunte al lector si tiene pareja, lo que paga de hipoteca o de alquiler, quienes viven en su casa, dónde nacieron sus padres o cuánto dinero gana al mes.

Lo más probable es que usted mande a tomar viento a ese cotilla. Otra cosa es que el chismoso sea el mismísimo Estado, al que uno deberá responder obligatoriamente bajo pena de sanciones.

No se trata de un Estado de influencia soviética como la Alemania del Este tan exactamente retratada en la película La vida de los otros. Allí el Gobierno acostumbraba a colocar micrófonos en las viviendas para saber de qué hablaban sus súbditos. Cosas de aficionados.

Mucho más prácticos, los funcionarios del Reino de España remiten a una parte de la población, elegida al azar, un cuestionario con preguntas que bien podrían dejar su vida al desnudo. Lo hacen a efectos estadísticos y bajo la promesa de que la identidad del interrogado y los datos que aporta estarán sometidos al secreto legal.

No deja de ser un consuelo esa garantía de que la vida privada de uno va a seguir siéndolo y en modo alguno acabará en pasto de cotillas o de gente con malos propósitos. Eso no quita que los más aprensivos recuerden los ciberataques de los hackers que buscan, precisamente, los datos acumulados por las instituciones públicas.

En el caso de la encuesta del Instituto de Estadística, todavía en curso, los detalles que el interrogado debe facilitar abarcan aspectos muy sensibles de la privacidad de cualquier ciudadano.

Las informaciones solicitadas incluyen, entre otras, el nombre y apellidos de quienes residen en una vivienda, su DNI, su fecha y lugar de nacimiento, su nacionalidad y su relación de parentesco con el encuestado. También el número del informante por si hubiera que verificar sus declaraciones.

El propio interrogado deberá confesar su estado de salud, sus estudios, sus ganancias mensuales y, lo que acaso resulte más llamativo, si tiene o no pareja en la actualidad. Además de las personas a las que habla normalmente de sus sentimientos. Cuesta entender qué beneficios estadísticos podrán arrojar tales datos; pero doctores tiene el Estado que lo sabrán explicar.

Siempre puede uno cubrir en plan de coña el cuestionario, inventándose las respuestas; pero esa es opción arriesgada y poco aconsejable. El interrogatorio está formulado con técnicas vagamente policiales para detectar contradicciones que acarrearían multas al bromista.

Lo cierto es que a casi nadie sorprenderá esta aparente invasión de su intimidad en una España donde se considera normal la obligatoriedad del DNI y la entrega al Estado de las huellas dactilares. Ciudadanos de otros países como el Reino Unido o USA lo consideran una inaceptable intromisión del Gobierno, pero tampoco hay que hacerles caso. Siempre habrá tiquismiquis. n

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