La pertinaz corrupción

«Si esto es verdad, es una mierda; y si esto es mentira, es una mierda aún mayor». Siempre locuaz, Gabriel Rufián resumió así el sentir general en la izquierda por la gran noticia de la semana: que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias, en una causa que investiga también blanqueo de capitales. Ha sido doloroso el impacto entre la parroquia de la izquierda de la investigación a un político que casi era más popular y respetado como ex que como presidente.

Pronto ha empezado el clásico político en estos casos: el y tú más con la oposición. Visto en perspectiva, el zarpazo de la corrupción en los gobiernos españoles desde 1982 no puede desdeñarse. Felipe González lidió en su mandato con los casos Filesa y Roldán. José María Aznar, ya como líder del PP, afrontó el caso Naseiro y, años después, la figura de Rodrigo Rato acabó marcada por diversas causas judiciales. Durante los años de Zapatero sucedió el caso de los ERE en Andalucía. Qué decir de Mariano Rajoy: Gürtel, Bárcenas, Kitchen, Púnica. Y ahora a Pedro Sánchez lo rondan los casos de José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Begoña Gómez. A ello cabe añadir los casos de raíz autonómica (como el 3% catalán) y, en el otro extremo institucional, los vinculados con Juan Carlos I que causaron su salida de España en 2020.

Hay argumentos para sostener que se trata de un problema sistémico (el populista «todos son igual de ladrones») y, al mismo tiempo, que la justicia funciona: todos estos escándalos se han judicializado. En el y tú más, el volumen de condenas, el carácter sistémico o aislado de las tramas y el grado de responsabilidad de los líderes políticos son las armas arrojadizas en el fango. El PP ha acumulado el mayor número de grandes macrocausas nacionales desde los años noventa (Gürtel, Bárcenas, Púnica, Palma Arena...). La sentencia de Gürtel de 2018 fue devastadora porque la Audiencia Nacional describió un «sistema de corrupción institucional» vinculado al PP y dio por acreditada la existencia de una caja b prolongada durante años. El PSOE también ha tenido casos gravísimos: Filesa o los ERE de Andalucía. La singularidad del caso Plus Ultra es que ha situado, por primera vez, a un expresidente democrático como investigado formalmente por una presunta trama de corrupción organizada. Nada similar sufrieron González, Aznar, Rajoy ni, por el momento, Sánchez; normalmente son ministros, tesoreros, altos cargos, empresarios o entornos políticos cercanos los que se enfrentan a la justicia. El coste político es otro asunto: desgastó a González y la sentencia de Gürtel desembocó en la moción de censura que expulsó a Rajoy del poder en 2018. El PSOE encadena derrotas electorales en los últimos meses. Zapatero es, por este motivo, objetivo de caza mayor de la oposición.

Es natural que sea así, como también se ha normalizado que el concepto de lawfare sea ya de uso habitual en la democracia española. Los decibelios ocultan algunos de los deberes pendientes desde la Transición: por citar solo dos, un modelo de financiación de los partidos políticos transparente y controlable, y la regulación de la actividad de los lobis. No es lo mismo si Zapatero actuó como una persona influyente que habló con gente del Gobierno o empresarios (algo políticamente discutible pero quizá legal), o si utilizó su condición de expresidente y sus contactos para alterar decisiones públicas en beneficio privado, lo que ya podría ser tráfico de influencias. La zona de ambigüedad en la que se mueve España, donde expresidentes, exministros y grandes empresas mantienen relaciones de influencia opacas, es un caldo de cultivo para la corrupción.

Limitar el problema de la corrupción a la condición humana o, más caricaturesco, a unos partidos o ideologías sobre otros solo lleva a un y tú más estéril. La persistencia del problema, pese a la acción de la justicia que destapa los escándalos, indica que es en las regulaciones y las normas donde hay que encontrar la solución, no en los insultos, los golpes en el pecho y la ración habitual de populismo que erosiona la conversación política. Eso es «una mierda aún mayor», que diría Rufián.

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