El trampantojo de los tribunales de instancia

Siempre he ansiado, probablemente como muchos otros, ser y actuar como un vir bonus (buena persona), ejemplar que se define por cosas tales como estremecerse con las desgracias del prójimo, ayudar a los demás y a los tuyos en la medida de tus posibilidades, o, en fin, presumir que nuestros congéneres poseen más virtudes que defectos.

Cuando me resta mucha menos vida de la que he disfrutado me abruma la incertidumbre del legado a nuestros hijos. Me reconforta el pensar que son buenas personas y que estarán rodeados de otras muchas, a diferencia de Nietzsche, para el que «los monos son demasiado buenos para que los hombres puedan descender de ellos».

Pero, tras estas elucubraciones más propias de un filósofo melancólico que de un jurista, vamos a lo mollar.

El problema, ya cronificado, de la Justicia es la desmedida litigiosidad, y ante esta situación hay que discernir e ingeniar soluciones. El primer paso es residenciar en qué aspecto del sistema radica la disfunción, y es paladino que en la fase resolutiva, es decir, en la inviable asunción de los jueces de dar respuesta a tal ingente cantidad de pleitos.

Las reformas procesales, e informáticas, tendentes a mitigar o aliviar los tiempos intermedios de tramitación no dan solución a la verdadera raíz del problema, que es la fase resolutiva. El bloqueo del sistema se ubica en la respuesta, no en el trámite.

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia instaura un nuevo modelo organizativo, los denominados Tribunales de Instancia, que han llegado para quedarse. 

Más allá de un cambio de denominaciones (el antaño Juez de Primera Instancia número 8 de A Coruña pasa a ser el Juez de la plaza número 8 del Tribunal de Instancia, sección civil, de A Coruña), lo que se nos avecina es una variación del modelo de organización de las oficinas judiciales.

¿La L.O. 1/2025 es la solución? Rotundamente NO, es más, va a generar, y ya lo estamos sufriendo, contratiempos que con el modelo organizativo clásico de «Juzgado» (perfectamente engrasado y ensayado y al que denostan, de modo irracional, con calificativos como obsoleto, propio del siglo XIX, etc.) no asomaban. No se trata de mudar el modelo de organización, porque esta iniciativa no aborda el problema. Si se me permite el símil es algo así como aquellas «gotas milagrosas» (Carvativir) que promocionaba el expresidente Maduro para el tratamiento del covid.

Las medidas pueden ser variadas, pero resaltaré tres fundamentales.

En primer lugar, más jueces, pues ello redundará en un reparto más llevadero y una resolución más ágil y también más reflexiva.

En segundo término, refuerzos puntuales, a modo de una «cirugía de precisión» para aquellos órganos colapsados, lo que tendría otro beneficio añadido, de enorme calado, que es la salud laboral de los jueces.

Y, en último lugar, el exceso de judicialización de las relaciones sociales es una lacra que ningún sistema de administración de justicia es capaz de digerir. De este modo, es menester ofrecer otro tipo de instrumentos que tiendan a evitar el incremento de litigiosidad, implantar mecanismos disuasorios tendentes a excluir conflictos de la vía judicial, como por ejemplo, beneficios fiscales para las transacciones (no olvidemos que los «grandes litigantes» en el orden civil son bancos, aseguradoras…), el incremento de las tasas de acceso a la jurisdicción (nada, o casi nada, es gratis), o reformar el sistema de justicia gratuita (elevando los umbrales económicos para ser beneficiario).

En lugar de lo anterior, el legislador opta por transformar el sistema de organización e impulsar medidas de solución de conflictos para evitar su judicialización, y lo hace en la meritada L.O. 1/2025, consciente (al menos en esto hay una atisbo de sinceridad), como reconoce en el preámbulo de esta norma, de que nos encontramos ante una realidad insoslayable, cual es que el sistema no es capaz de soportar el nivel de litigiosidad, que, además, va incrementándose exponencialmente, y así palabras y frases de aquél, tales como «situación muy delicada», «colapso», o «justicia sostenible» son claramente sintomáticas.

La implantación del nuevo sistema ya ha tenido sus primeros efectos, una macrooficina, salvo que se organice con mucho sentidiño, tratando de que los cambios sean pocos y paulatinos, en la que nos encontraremos con una amalgama de funcionarios, con no sé cuántos «jefes», deambulando, unos y otros, como pollos sin cabeza.

Si me permite el símil, el sistema de justicia es un tren en movimiento que no se puede detener y cualquier incidencia que acaezca en su trayecto (el cambio de cabeza tractora, de sus vagones, sus paradas, su avituallamiento, su velocidad…) es susceptible de causar gravísimos inconvenientes.

Los que han pergeñado aquella norma no son vires bonus, porque no han tratado de afrontar un problema, sino ocultarlo, porque son conscientes de la inutilidad de la ley, porque no les importan los que la padecen (ciudadanos y profesionales), porque sólo pretenden eludir sus responsabilidades con subterfugios, porque es, una vez más, una artimaña que, lejos de perseguir soluciones, va a agravar la situación, porque no organiza nada, sino que desmembra todo, porque es una clara muestra de que se trata de enmascarar la ineptitud y la falta de voluntad de solucionar los problemas de la gente, porque es un cambio meramente nominal sin un solo euro de dotación presupuestaria.

¿Hasta cuándo habremos de padecer que el destino de la Justicia se halle en manos de malos políticos y de una guardia pretoriana de profesionales a su servicio?

No es tiempo de silencio, de indolencia, de complacencia, de aferrarse, una vez más, a la resignación, porque de adoptar esta actitud seguirán apretando hasta que nos revienten, si es que no lo han hecho ya.

Si aspiramos a ser buenas personas hemos de confrontar y buscar el bien. Ya lo decía Antonio Machado: «Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin, o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien».

La LEY es una magnífica herramienta para hacer el bien y mejorar la vida de los ciudadanos, y al tiempo es diabólica si se deturpa.

La JUSTICIA anhela militar en primera división, como nuestro Dépor.