Refugiados

Tengan ustedes una bonita jornada, amigos y amigas. Hoy es 20 de junio, y muchos niños, niñas y jóvenes habrán amanecido con la maravillosa sensación de que un inmenso y pleno verano se evidencia ya ante su mirada, sin más dilación. Un período recién estrenado sinónimo de disfrute, ilusión, ocio y descanso, largamente esperado. Y no solamente para los más jóvenes… Porque, al final, el verano y su dinámica implica a buena parte de la sociedad...

Pero, a un día del solsticio, llega como todos los años una fecha que no conviene perder de vista, por su implicación directa en términos de reivindicación de los derechos de las personas. Y es que cada 20 de junio celebramos el Día Mundial del Refugiado, que pone en cada edición negro sobre blanco la realidad para otros muchos seres humanos, que se ven forzados a salir de su entorno más cercano por unas condiciones de vida que, con frecuencia, lastiman y matan. Una situación que, por habitual, no puede dejar de sorprendernos...

Este 2026, en particular, se produce la conmemoración del 75 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, regulación internacional que protege los derechos de las personas refugiadas. Sí, de quienes se ven obligados a salir de su lugar de origen, muchas veces corriendo peligro su propia vida. Setenta y cinco años de los que podemos estar orgullosos, porque tal tratado garantiza que cada persona refugiada sea tratada con dignidad, que se respeten sus derechos y que reciba el apoyo necesario para reconstruir su vida y encuentre un sentido de pertenencia en una nueva comunidad.

Pero no nos despistemos… En el actual contexto internacional, este y otros logros de la Humanidad corren el riesgo de o bien no ser aplicados adecuadamente o, peor aún, de que fruto de consideraciones revestidas de tinte político pero fuertemente contrarias a la más mínima ética y al Derecho Internacional, exista una regresión real en dicha protección. Y eso sería grave… No podemos ir hacia atrás, más allá de la retórica populista de cada cual. Los seres humanos tenemos el deber y el derecho de proteger a nuestros semejantes, sean conciudadanos y conciudadanas nuestros o no. Y esto también está regulado...

Dicha protección implica que las personas sean tratadas con dignidad y que tengan acceso a derechos, a la justicia y a tener una documentación legal, viviendo con seguridad en un hogar seguro. Esto implica acceso a la atención sanitaria, a la educación y a los servicios elementales, incluyendo los servicios sociales básicos comunitarios.

Pero hoy millones de personas refugiadas se enfrentan a fronteras cerradas, exclusión, miedo y la negación de tales derechos más básicos. El auge del discurso del odio fomenta este tipo de dinámicas, a veces con excusas de mal pagador para justificar lo injustificable. Pero no se engañen: ni las personas inmigrantes ni en particular las personas refugiadas nos quitan el trabajo, concentran las prestaciones sociales ni son especialmente violentas. Y no merece la pena discutir sobre ello con quien lo niegue: una mirada a los datos, disponibles en fuentes de la máxima solvencia, desmonta cualquier intento tanto de criminalizar al diferente como de deshumanizarlo, convirtiéndole así en un número como paso previo a su invisibilización. ¿O de que creen ustedes que va eso de los «Menas»?

No olviden ustedes que las personas refugiadas no solamente vienen aquí para ser cuidadas. Además su presencia aporta, y mucho, a nuestra sociedad: construyen relaciones, aportan conocimientos, encuentran soluciones y ayudan a fortalecer los sistemas de protección, que a la postre nos benefician a todas y a todos. O, acaso, ¿no se dan cuenta ustedes de qué únicamente el avance demográfico producido por los flujos migratorios es el que garantiza la continuidad del sistema de pensiones presente y futuro…? Es que incluso con una mirada interesada podemos comprender la importancia del acogimiento en nuestra comunidad...

No valen las medias tintas, queridas y queridos. El derecho al asilo y refugio es uno de los grandes logros de la sociedad en materia de derechos más elementales. Un derecho reglamentado, que requiere de nuestra comprensión como ciudadanos y ciudadanas para que esté siempre vigente y para que su influjo nunca decaiga.n