Corrupción con rango de Estado

José Luis Ábalos fue el encargado de defender la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018, tras la sentencia del caso Gürtel. En aquella intervención, que acabó aupando a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, Ábalos pronunció frases que, vistas en perspectiva, resultan bochornosas: «La decencia debe ser algo esencial; no podemos normalizar la corrupción y desalojar a un Gobierno que la ampara es hacer un favor al país», proclamó desde la tribuna.

Ocho años después, la sentencia del Tribunal Supremo que lo condena a 24 años de prisión hace que aquellas palabras retumben con fuerza en La Moncloa.

El alto tribunal atribuye especial gravedad a que Ábalos actuara como miembro del Gobierno y del Consejo de Ministros. «En esa posición privilegiada, el acusado comete toda una serie de delitos», señala la sentencia, que subraya que los hechos fueron ejecutados «desde el ejercicio del poder público y del poder político en el más alto rango de los órganos constitucionales».

De ahí emana precisamente la responsabilidad política que el Ejecutivo de Sánchez no puede eludir. El presidente no es responsable penal de los delitos de Ábalos, pero sí debe asumir la responsabilidad política de haberlo elegido, colocado y mantenido en el núcleo del poder, convirtiéndolo en «una autoridad de especial relevancia estatal», como destaca la propia sentencia. Desde esa atalaya, la corrupción encontró un terreno abonado.

Cuando se nombra a alguien número tres del partido y se le encomienda uno de los ministerios con mayor presupuesto, se asume el coste de esa confianza. Sánchez, su Gobierno y el PSOE lo saben perfectamente, porque lo exigieron siempre a los demás. Ahora, afrontan la tesitura de decidir si conservan la autoridad moral y política para seguir gobernando tras haber construido su legitimidad sobre la denuncia de la corrupción ajena y ver condenado, por hechos de naturaleza similar, a uno de sus pilares.

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