Una ley necesaria si es ley

El Gobierno ha aprobado esta semana en el Consejo de Ministros un nuevo proyecto de ley contra el consumo de tabaco. Se trata de una vuelta más en la traslación legislativa del cambio cultural que se está produciendo en las sociedades occidentales sobre el tabaco y sus productos asociados. El proyecto incide en tres aspectos: el primero es la extensión de la prohibición de fumar, y de vapear, en espacios públicos casi al mismo nivel que en los espacios cerrados, cosa que impacta sobre las terrazas de bares y restaurantes, conciertos y espectáculos deportivos; el segundo es la penalización a los padres en el caso de que los menores consuman este tipo de sustancias. Y la tercera es la equiparación en la práctica entre el tabaco, los vapeadores y todo tipo de sustancias sustitutivas del tabaco de quemar.

Esta ley lo tiene complicado para salir adelante en lo que queda de esta legislatura y por ello en su presentación la ministra de Sanidad, Mónica García, hizo una argumentación más ideológica para marcar distancias en las próximas campañas electorales que buscar los consensos que pudieran generar algunas de las medidas. Fue más un acto de campaña electoral personal que un acto de Gobierno.

El inicio de la tramitación de la norma, como era previsible, ha abierto un debate social entre detractores, por norma los fumadores, y defensores, en su inmensa mayoría, no fumadores. Como evidenció el reportaje publicado por LA OPINIÓN al día siguiente de la aprobación del proyecto de ley, las reacciones se dividen entre quienes celebran que desaparezca el humo de espacios compartidos al aire libre y los que reciben la iniciativa legislativa como una nueva limitación a la libertad personal. «Igual que nosotros elegimos fumar, los demás pueden elegir dónde sentarse» y «odio estar tomando algo y tener que respirar el humo de los demás» reflejan esas posturas, también en las calles de A Coruña.

A los detractores de la ley hay que recordarles dos cosas: la primera es que responde a un cambio de hábitos y de valores de la sociedad española actual, en la medida que el tabaco no goza de la popularidad y la tolerancia que había tenido en otros momentos de la historia y la salud es hoy una prioridad para la mayoría de los ciudadanos, que implica un cambio de hábitos y de prioridades. La segunda es que, como ocurrió con el consumo de tabaco en lugares cerrados, los períodos de transición no sirven para nada. Recordemos todo el dinero que se gastaron muchos locales públicos para separar espacios entre fumadores y no fumadores que acabaron eliminándose por ineficientes para unos y para otros. Una parte de esta ley ha llegado aquí para quedarse, aunque tal y como está formulada actualmente es posible que no prospere en este intento.

A los promotores de la ley hay que recordarles un par de cosas. La primera es que la plena equiparación entre el tabaco de quemar y sus sucedáneos es más ideológica que científica. Ciertamente, estas alternativas no son buenas para la salud, pero ello no significa que no sirvan para combatir adicciones que a muchas personas les resultan imposibles de abandonar. Lo que ha ocurrido en Suecia, por ejemplo, obliga a reflexionar sin hacer ningún tipo de apología. Vapear no es bueno como tampoco son buenas las bolsas de nicotina, en todo caso hay base científica para debatir si, de acuerdo con un control médico, pueden ser parte de la solución. Y la segunda es que las prohibiciones tienen sentido cuando afectan a conductas que se producen en espacios públicos o compartidos. Pero de la misma manera que se defiende en otros ámbitos la libertad individual por encima de todo, el Estado no puede ni debe prohibir conductas individuales en el interior de los hogares.

Haremos de este debate otro escenario de la polarización reinante. Pero la realidad es que el consenso en lo principal es muy amplio, si se formula de manera respetuosa con la ciencia y con la libertad individual.

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