La impotencia de no saber frenar

Siete meses después de que Australia prohibiera las redes sociales a los menores, un estudio de British Medical Journal concluye que el consumo apenas se ha frenado, e incluso ha aumentado ligeramente. La ley que iba a sacar a los adolescentes de las redes los ha dejado donde estaban, aunque ahora, además, acostumbrados a mentir sobre su edad.

Francia acaba de aprobar una ley semejante, con un argumento central: «los cerebros de nuestros niños no están en venta», afirma Macron. Y tiene razón, porque además de la inmoralidad que supone mercadear con la mente infantil, hay una sólida base científica para la prevención: la corteza prefrontal, que controla los impulsos —el freno—, madura más tarde que el sistema de gratificación inmediata —el acelerador—. Por esta razón, un algoritmo diseñado para capturar la atención resulta especialmente dañino para un cerebro todavía en desarrollo.

Pero diagnosticar el problema y tratar de liquidarlo con solo una prohibición no es solucionarlo. Aun reconociendo la buena intención, en el fondo es el síntoma de una profunda impotencia. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la prohibición carece de métodos de control eficaces. Ni la ley francesa ni la australiana garantizan una verificación de edad confiable: la delegan en las propias redes, que tienen un conflicto de interés evidente y que lo más probable es que no cumplan. Y, por otro lado, los sistemas técnicos empleados están fallando: en Australia, muchos menores sometidos al escáner facial lograron pasar por adultos; los demás usaron una VPN o la cuenta de un hermano mayor.

En segundo lugar, la prohibición puede producir el efecto boomerang de incentivar la transgresión que pretende evitar. Es lo que anticipa la teoría de la reactancia psicológica: tendemos a valorar más lo que se nos veta, y ese impulso se dispara en la adolescencia, cuando construir la autonomía personal impulsa a la rebeldía más que en ningún otro momento de la vida.

En tercer lugar, la ley favorece un cierto blanqueo de los efectos nocivos de las redes. Al excluir del daño a los más jóvenes, puede encubrir el que sí sufre el resto: la ciudadanía que vota, que consume, que pierde sus datos. Es una aplicación hipócrita del protocolo de «diseño seguro»: un arreglo de fachada, que cuesta poco, no perjudica el modelo de negocio y, desde luego, no obliga a rediseñar los algoritmos.

Pero lo más preocupante es su efecto sobre las políticas públicas: muchos gobiernos usan estas prohibiciones como coartada-comodín ante el auténtico delito, que es no proteger a los adultos de la erosión que las redes producen en sus derechos personales y políticos. Porque lo que hay que proteger no es solo el cerebro de los adolescentes, sino el cerebro social entero.

Llevamos dos décadas consintiendo un negocio que vive de capturar nuestra atención. Así hemos desarrollado un sistema de gratificación mental muy impulsivo, mientras nuestra capacidad de frenarlo se debilitaba. Nuestros sistemas de regulación han quedado obsoletos. Colectivamente, seguimos en fase adolescente frente a una tecnología cada vez más potente. Por eso, prohibir suena a placebo y a impotencia.

Lo que exige la gravedad del momento no es prohibir, sino una estrategia integral: desarrollar, por fin, ese cerebro social maduro que la digitalización y la inteligencia artificial nos exigen. Promover la transparencia de los algoritmos. Promover la autonomía y la soberanía política frente a las plataformas. Promover el pensamiento crítico y el empoderamiento ciudadano. Nada de esto se logrará sin una arquitectura institucional que proteja la esfera pública: reguladores con capacidad real, independientes de gobiernos y empresas, capaces de exigir el auténtico diseño seguro de los productos, y de acabar con la posición dominante de una oligarquía tecnológica que ha disparado la desigualdad mundial.

A falta de todo ello, cualquier prohibición acabará —como en Australia, y como puede suceder en Francia— valiendo solo como un titular decorativo, y como el mejor indicio de que nuestro sistema de frenado no está a la altura de la aceleración con que vivimos la tecnología. 

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