El 2017 arrancó con un nuevo liderazgo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) en trasplante cardíaco —ostenta desde hace ya bastante tiempo el récord a nivel estatal de realizar 46 intervenciones de este tipo en doce meses—, una buena noticia para la sanidad coruñesa, pero no la única del ejercicio que toca a su fin. Los datos históricos en este tipo de intervenciones quirúrgicas compartieron protagonismo, este año, con la donación de 320 millones de euros por parte de la Fundación_Amancio Ortega a la sanidad pública española, de la que también se beneficiaron los pacientes del área sanitaria coruñesa.

Como "un año de fuegos de artificio" calificó el doctor Alfonso Mariño, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del Centro Oncológico de Galicia, este 2017, que "marcará un antes y un después" para los profesionales, pero sobre todo para los más de 2.000 enfermos con cáncer que cada año pasan por las instalaciones del antiguo Hospital Labaca para recibir radioterapia. El centro coruñés fue uno de los beneficiarios —con dos aceleradores lineales de última generación y un PET-TAC— de la donación por parte del fundador de Inditex a la sanidad pública española para el abordaje de esa enfermedad. Aplaudida por oncólogos y asociaciones de pacientes no estuvo, sin embargo, exenta de polémica. Delegaciones territoriales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, incluida la gallega, consideraron que las administraciones autonómicas deberían rechazar ese dinero, argumentando que la donación era "finalista" y generaba "desigualdad".

El Chuac también mejoró su dotación tecnológica en 2017, al estrenar un nuevo bloque quirúrgico, que incrementó en cuatro las salas de operaciones de las que dispone el área sanitaria coruñesa. Por contra, continuaron las protestas y las denuncias por parte de la Comisión de Centro por los continuos "colapsos" en Urgencias, especialmente en las últimas semanas.

Otra noticia destacada en el ámbito sanitario que deja este 2017 es que la Xunta por fin aprobó —tres años después de dar luz verde al primer borrador— el decreto que garantiza por ley que los pacientes con patologías graves serán operados en un máximo de 60 días. El texto establece que si el Sergas no cumple con el plazo fijado en la norma, los enfermos podrán decidir operarse en la concertada.