El laberinto catalán

La crisis catalana ha monopolizado el debate político en un año que ha encadenado una sucesión de "días históricos", con un referéndum ilegal, una fallida declaración de independencia, la aplicación por primera vez del polémico artículo 155, el cese y encarcelación de algunos miembros del Govern y la convocatoria de elecciones. Otra parte del Govern, con Puigdemont a la cabeza se refugió en Bruselas para eludir a la Justicia española.

Una tensión que ha tenido importantes repercusiones económicas (caída del turismo, del empleo, la inversión y traslado de la sede social de numerosas empresas fuera de Cataluña) y también sociales, ya que la crisis política ha estado acompañada de una fuerte carga emocional, especialmente en Cataluña, pero también en el resto del país.

El referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, marcó un punto de inflexión en la dinámica separatista, que había acelerado sus planes a la vuelta del verano, apenas unos días después de los atentados yihadistas.

Ya desde el verano, el Ministerio de Hacienda había apretado las tuercas económicas a la Generalitat de Carles Puigdemont para evitar que destinara dinero público a sufragar el referéndum del 1-O, pero a mediados de septiembre dio un paso más y acabó interviniendo por completo las cuentas autonómicas.

Con esos mimbres se llegó a la consulta del 1-O. Y, a pesar de la rotundidad del Gobierno garantizando que no habría ningún referéndum, de que en los días previos se incautaran millones de papeletas y tarjetas censales, y del despliegue de policías y guardias civiles ante el temor de la inacción de los Mossos, 2,2 millones de personas pudieron votar en medio de un sinfín de irregularidades.

Las cargas policiales fueron lo más destacado de esa jornada en las portadas de medios nacionales e internacionales y aún hoy son exhibidas por los secesionistas para ilustrar la represión con la que el Estado español, según ellos, trata de silenciarlos.

Aún así, los independentistas otorgaron validez a los resultados de esa consulta, y con ellos y las imágenes de la actuación policial el 1 de octubre intentaron internacionalizar el conflicto que, por unos días, ocupó las portadas de medios de comunicación de medio mundo. Puigdemont amagó con la independencia el 10 de octubre —llegó a proclamarla y la dejó en suspenso segundos después— y el Parlament la declaró el 27 de octubre aunque sólo en el preámbulo del texto aprobado, una vez más, con la cámara dividida.

Ningún país del mundo ha reconocido a Cataluña como Estado independiente y Puigdemont no ha dudado en arremeter estas últimas semanas desde Bruselas contra la UE y sus dirigentes y ha llegado a sugerir un referéndum para que los catalanes decidan si quieren seguir dentro de la Unión, palabras que luego tuvo que matizar. Tras las declaración unilateral de independencia en el Parlament, el Gobierno invocó el inédito artículo 155 de la Constitución para cesar a Puigdemont, a Junqueras y a todo el Govern, cerrar las delegaciones de Cataluña en el exterior y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

La aplicación del 155 ha sido mucho menos traumática de lo que el propio Gobierno temía y todos los partidos sin excepción han acabado presentándose a los comicios autónomicos en Cataluña. Ciudadanos logró una victoria histórica el 21-D al ser el partido con más votos y más escaños, pero las formaciones independentistas conservaron la mayoría absoluta, aunque bajaron dos escaños con respecto a 2015. El PP fue el gran perdedor, al lograr solo 3 escaños.