Meirás: el año en el que todos asaltaron el pazo

Tras declarar el pazo de Meirás como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, que obligaba a cuatro visitas públicas al mes, los herederos del dictador Francisco Franco prosiguieron con su tranquila vida disfrutando de la propiedad sadense, pero este año 2017 por primera vez se produjeron acciones concretas dirigidas a recuperarlo, generadas tras la indignación general por el cierre de las visitas incumpliendo la ley, y después por las declaraciones de la Fundación Nacional Francisco Franco que se hizo con la gestión de las mismas en julio, haciendo apología del fascismo al asegurar que iba a aprovechar para mostrar la "grandeza" del Generalísimo.

La Xunta impuso una multa de 4.500 euros a los Franco por no tener operativo el teléfono de citas para las visitas al pazo tras publicarse este hecho el pasado febrero. El BNG, En Marea y PSOE realizaron iniciativas llevando este asunto al Parlamento gallego y Sadamaioría convocó un pleno extraordinario con presencia de políticos de la comarca para reclamar la gestión de las visitas y declarar persona "non grata" a la familia el pasado agosto.

Este mismo mes se tomó al asalto, cual Bastilla en Francia, este pazo. Militantes del BNG traspasaron los muros del recinto y subieron a las torres para colgar pancartas con el lema O pazo é do pobo, franquismo nunca máis. La Fundación Franco tomó esta acción como una afrenta, anuló las visitas y anunció querellas contra los asaltantes, mientras Esquerda Unida anunció una denuncia ante la Fiscalía contra dicha fundación. Estos hechos, junto con el cada vez mayor apoyo a la demanda de la recuperación del pazo, llevaron al propio presidente Feijóo a declarar que estaba abierto a crear una comisión para analizar la recuperación del pazo, estudiando si existían "vicios" en la supuesta donación, que permitiesen anularla.

La Diputación, que tanto ayudó en su día en las donaciones forzosas para comprar el pazo, también tomó la iniciativa y el pasado septiembre creó la Junta Pro Devolución del Pazo, integrada ya por una treintena de concellos y colectivos de todo tipo, mientras expertos analizan también en dicha junta cómo recuperar este bien de forma legal.

La Xunta ha creado un comité de expertos presidido por un catedrático de Historia Contemporánea y representantes de las tres universidades y de colegios de notarios y registradores, además de la Diputación y el Concello de Sada, también para analizar si es posible la devolución sin que cueste un euro. Sin embargo el Gobierno gallego rechazó en el Parlamento la petición de la oposición de prohibir a la Fundación Franco gestionar las visitas al pazo e ilegalizarla o declarar non grato a los herederos del dictador. También rechazó integrarse en la Junta Pro Pazo de la Diputación.

Los movimientos para que los herederos del dictador dejen de ser los titulares de esta propiedad no han dejado de cesar durante todo este año 2017. El pasado noviembre el BNG llevó una propuesta a la Unión Europea para dar a conocer lo que sucede con el pazo y tratar de ilegalizar a la fundación por su apología del fascismo. En 2018 se conocerá su resolución.

También en ese mes de noviembre por primera vez se ha publicado un libro sobre la historia de este BIC y cómo se realizaron en realidad las ventas y aportaciones para comprar el inmueble y los terrenos de alrededor para entregárselos al Caudillo. Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, es el título de un volumen de unas 400 páginas de los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez, en el que constatan que una burguesía coruñesa de la época, para lograr prebendas del poder, promovió esa donación. El Concello de Santiago también ha iniciado trámites para recuperar dos piezas del pórtico de la Gloria que terminaron en las manos de los Franco, que las tienen adornando la Casa Cornide de A Coruña.

Fue el grupo municipal del BNG de Sada cuando en 2006, entonces en la oposición, solicitó a la Xunta que declarase BIC el pazo de Meirás y constituyese una comisión institucional tripartita (Xunta, Diputación y Concello) para estudiar la recuperación de esta propiedad para el patrimonio público. Fue la primera vez que se realizaba una acción en favor de recuperar el pazo y de abrirlo al público, lo que se logró con la llega del bipartito al Gobierno gallego. Sin embargo, la segunda parte de la petición que realizaron los nacionalistas, la de estudiar cómo recuperar la titularidad, ha tardado once años en tener eco, con los comités creados por Xunta y Diputación este año.