El reparto de cuotas pesqueras para 2018 decidido en Bruselas pone más contra las cuerdas al cerco gallego, que denuncia que la situación planteada para el próximo año es "un disparate". El incremento del 21% en el cupo de jurel en la zona VIIIc (de Fisterra al golfo de Vizcaya) no compensa el recorte del 24% para la misma especie en la zona IXa (de Fisterra al golfo de Cádiz), al que hay que añadir la reducción del 20% en las posibilidades de pesca de caballa. El sector espera con incertidumbre la respuesta de la Comisión Europea sobre la pesquería de sardina, para la que España y Portugal propusieron un límite de capturas de 14.600 toneladas y un control más exhaustivo frente a la recomendación de los científicos de prohibir su pesca en aguas ibéricas. El cerco, inquieto ante los recortes, asegura que este año a sus buques los "salvaron" las buenas capturas de cabalón o xarda pintada, pero que nada les garantiza que en 2018 vaya a suceder lo mismo.
Las negociaciones de los ministros de Pesca de la UE suavizaron la propuesta de Bruselas de reducir el cupo de merluza ibérica un 30%, hasta el 12%, pero el arrastre verá mermadas sus posibilidades de captura igualmente. La flota de bajura vio incrementada la cuota de raya —pesquería que suele cerrar varios meses para evitar la sobrepesca— un 15%, aunque el sector asegura que el aumento es insuficiente para mantenerla abierta todo el año.
A la reducción de cuotas para 2018 se une la mala campaña de pulpo, una de las especies principales en las subastas de las lonjas gallegas y fundamental para la flota artesanal, a la que el incremento en el precio de venta del cefalópodo no compensa su escasez. Mientras, la centolla aparece más que el año pasado y los pescadores se dedican a ella con el objetivo de compensar la falta de pulpo.
Operaciones contra la pesca ilegal
Precisamente, agentes del Servizo de Gardacostas de Galicia y de la Policía Autonómica, junto con inspectores de la Consellería de Sanidade, intervinieron cautelarmente en noviembre 100 toneladas de productos pesqueros (principalmente pulpo) por diversas irregularidades en Fisterra. Otra operación importante de este año se desarrolló en el puerto de Vigo, donde a finales de octubre la Guardia Civil desmanteló una trama de descarga y venta irregular de pescado y marisco en la que se vieron implicadas 32 personas. Además, el Ministerio de Pesca sancionó a seis firmas de Ribeira y Vigo con 2,45 millones de euros y a las personas relacionadas con estas empresas con 2,88 millones en el marco de la operación Sparrow 2 contra la pesca ilegal en el océano Antártico.
Mientras, la polémica generada por el atún en salmuera tras las denuncias de competidores de Francia, Reino Unido y Alemania ante Bruselas levantó las protestas del sector conservero y de las empresas congeladoras en Galicia hasta que la CE accedió a permitir su venta para consumo humano directo si se alcanzaban como mínimo los -18º durante el proceso de congelación en salmuera, por encima de los cuales el producto debe destinarse a la conserva.
Esta no fue la única "lucha" del año en el sector. Los exmarinos gallegos que estuvieron embarcados en la marina mercante en Noruega durante décadas, agrupados en la asociación Long Hope, fueron a principios de abril a Oslo para declarar en el primer juicio para reclamar sus pensiones, aunque la sentencia fue contraria a sus intereses. El recurso que presentaron los afectados lo desestimó la corte de apelaciones noruega.
Bruselas suprime el laboratorio de bivalvos europeo que quería Galicia
Galicia se queda sin el centro de seguimiento de contaminantes virales y bacteriológicos de los moluscos bivalvos comunitario situado en Reino Unido y que desaparecerá tras el Brexit, decisión que Bruselas comunicó a los estados miembros el 17 de mayo. La Xunta postuló formalmente la comunidad como receptora de esta instalación ante Madrid hasta que a principios de diciembre se conoció que el Ministerio de Sanidad había votado el 18 de octubre a favor de su supresión y la pretensión del Gobierno autonómico de hacerse con el centro cayó en saco roto (aunque parte de sus competencias recalarán en Vigo).
Mientras, el sector continúa con la incertidumbre sobre las condiciones que tendrá una vez se produzca el Brexit. Reino Unido aseguró que no se producirá un proceso transitorio y que a partir del 29 de marzo de 2019 los buques con bandera diferente a la británica no podrán trabajar en sus aguas a menos que tengan permiso, aunque se desconoce la forma en la que la flota accederá a esa autorización. Además, el país va a fletar una escuadra de cinco patrulleras para controlar el acceso de otros barcos a sus aguas, lo que incrementó el interés de algunos armadores gallegos por cambiar la bandera española por la británica.
