El Tribunal Supremo rechaza la objeción a Educación para la Ciudadanía La polémica continúa

El Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó ayer, por 22 votos a favor y siete en contra, rechazar la objeción de conciencia a Educación por la Ciudadanía alegando que no se lesionan derechos fundamentales de los padres. La sentencia corresponde a los recursos presentados por padres asturianos y andaluces a los que el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad denegó el derecho a la objeción de conciencia, según informaron fuentes del Alto Tribunal, que especifica que los decretos -referentes a Secundaria- no lesionan el derecho fundamental a la educación religiosa de sus hijos. Ahora el problema son los alumnos que durante este curso no acudieron a clase. Por ello, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, pidió a los padres que lleven a sus hijos a las aulas para que puedan recuperar "el tiempo perdido".

Tras dos días deliberando acerca de la posibilidad de los alumnos a objetar a esta polémica asignatura, el Supremo emitió ayer un comunicado en el que señala: "El Pleno de la Sala ha llegado a la conclusión de que en los casos presentados no existe el derecho a la objeción de conciencia y asimismo establece que los decretos examinados, ambos referentes a la Educación Secundaria, por sí mismos no alcanzan a lesionar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones".

Por un lado, el Alto Tribunal ha basado su decisión tras deliberar tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que denegaban el derecho de objeción a varios padres de esta comunidad por considerar que la asignatura no vulnera derechos fundamentales. Este tribunal indicaba, además, que para el desarrollo de la materia se tuvo en cuenta la autonomía de los centros para adaptar los contenidos a su ideario, así como la libertad de cátedra del profesorado. El Supremo también tuvo que hacer frente durante esas 20 horas de deliberación al recurso elevado por la Junta andaluza, que se oponía a la decisión de los magistrados del Superior de esta comunidad, que fallaron a favor de unos padres, a los que permitió objetar y dejó que su hijo quedara exento de ser evaluado. Este tribunal alegaba que los contenidos que fija el Gobierno "vulneran el derecho de los padres a educar a sus hijos en la formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones".

En los próximos días, el Alto Tribunal dará a conocer el fallo con la resolución, previsiblemente con los siete votos particulares, que salva la asignatura y confirma las tres resoluciones del Superior de Asturias y revoca la adoptada por el de Andalucía.

Ante la decisión del Alto Tribunal, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera señaló su preocupación por los alumnos que hasta ahora no han cursado la materia por objeción de sus padres. "Se tomarán las decisiones para que puedan ponerse al día y aprobar la asignatura como el resto de los alumnos. Yo creo que esto debe responder al interés fundamental que tenemos en esta cuestión y en cualquier otra de atender a la cuestiones particulares de cada uno de los alumnos. Estoy segura de que las administraciones educativas van a encontrara la mejor manera de hacerlo", apuntó.

Para la titular de Educación este fallo "unifica doctrina" y "debe resultar evidente para todos que no cabe la objeción de conciencia". Por ello, pidió a todos los gobiernos autonómicos, y especialmente a los que han avalado la postura de los padres opositores a la materia -la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana- que "cumplan la normativa".

Educación para la Ciudadanía comenzó a impartirse hace dos cursos -desde este último en Galicia- en 2º y 3º de ESO, según cada comunidad. A partir del próximo curso 2009-2010, los alumnos de 5º y 6º de Primaria también recibirán esta asignatura.

Un fallo judicial que no termina con la polémica en torno a Educación para la Ciudadanía. Sus defensores se sienten satisfechos y parte de los detractores anuncian que recurrirán esta decisión hasta el Tribunal Constitucional.

El PP es uno de los organismos dispuestos a llevar la resolución a altas instancias judiciales ya que "hay razones para mantener nuestra postura". El diputado Alfonso Rojo advirtió ayer al Gobierno estatal que "el fallo no da carta blanca para introducir un catecismo socialista en las escuelas" y aseguró que los miembros del Partido Popular seguirán estando con los padres "en la batalla para defender sus derechos y los de sus hijos". Por su parte, desde Izquierda Unida, Gaspar LLamazares mostró su satisfacción por un fallo en el que "prevalece el Estado laico y aconfesional frente a las presiones nacional-católicas del PP y otros sectores retardatarios de la sociedad".

La opinión de los padres españoles continúa dividida tras la decisión del Supremo. Mientras desde la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos consideran que la sentencia "garantiza el derecho a la educación de todos los niños por encima de intereses particulares", la Confederación Católica de Padres de Alumnos indica que "la lucha continúa" y que presentarán un recurso ante el Constitucional.

El Foro Español de la Familia también se mostró disconforme al rechazo a objetar esta asignatura y reiteró que las familias que cuentan con medidas cautelares favorables podrán seguir faltando a clase.

Desde el colectivo de la enseñanza, por su parte, la Asociación Nacional de Profesores resalta que es el momento de "rediseñar la asignatura y dotarla de verdadero contenido y significado".