También subraya la "falta de planificación y de concreción de los instrumentos preventivos" que las localidades con peligro de incendio deberían poner en marcha.
Para evitar que el pánico se generalice, la organización ecologista considera necesaria y urgente la adopción de medidas eficaces que reduzcan la vulnerabilidad de las áreas urbanizadas.
Por ello aconseja la protección urbanística de los terrenos forestales de los municipios incluidos en las zonas de riesgo, agrupación urbanística en torno a los núcleos de población existentes, reducción de las necesidades de infraestructuras de todo tipo, planificación preventiva y elaboración por los ayuntamientos de planes locales de emergencia y de autoprotección por parte de los particulares.
La organización recuerda algunos de los incendios en que ha sido necesario el desalojo, como los cerca de 4.000 evacuados en la isla canaria de La Palma; más de 2.000 tuvieron que abandonar sus casas en Collado Mediano (Madrid), y 1.500, de ellos 150 niños, tuvieron que salir por el fuego que se extendió por Aliaga (Teruel).
Además, 860 personas huyeron del fuego en Soneja (Castellón); 700 lo hicieron en el incendio de Tarifa (Cádiz) y 500 personas fueron desalojadas en Turre y Mojácar en la Sierra de Cabrera (Almería).
Otras 600 personas se vieron sorprendidas por el fuego que afectó a la comarca de las Hurdes (Cáceres), que tuvieron que abandonar los municipios de Vega de Coria, Rubiacos, Arralobos, Cambrón y Cambrocito, además de varios cortijos y casas de campo.
