El Gobierno británico estudia castigar a los internautas que descarguen contenidos de la red ilegalmente con la suspensión del servicio, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada por inconstitucional.
El Ministerio de Empresa e Innovación, dirigido por Peter Mandelson, analiza también la opción de requerir a las compañías proveedoras de internet que faciliten los datos de aquellos usuarios que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los propietarios de los derechos de autor sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio, tal y como se publicó ayer en un documento preliminar.
Bloquear el acceso a webs de descarga, reducir la velocidad de la banda ancha o suspender temporalmente su línea de internet son las tres medidas que se adoptarán en el caso de que se cometa infracción. Esta última, sin embargo, se adoptaría únicamente "como último recurso contra los piratas", según precisa el departamento de Mandelson, que recibe sugerencias de particulares y miembros del sector antes de tomar una decisión definitiva.
Las alternativas que baraja el Gobierno británico, sin embargo, han suscitado las críticas del Open Rights Group, una organización nacida en el año 2005 en el Reino Unido que persigue "proteger las libertades civiles" y los derechos digitales "amenazados por la regulación" gubernamental. Su director, Jim Killock, lamenta que el Gobierno estudie medidas tan punitivas justo cuando el intercambio de archivos ilícito ha bajado.
