La sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que los padres puedan escoger el idioma en el que estudian sus hijos no alterará la política lingüística del Gobierno gallego que seguirá adelante con el borrador de decreto que permitirá derogar la actual normativa aprobada por el bipartito. A pesar de que el fallo judicial da la razón a la Administración gallega, entonces gobernada por la coalición PSOE-BNG, frente a la demanda de un padre que en 2007 reclamó que su hijo recibiera las clases íntegramente en castellano, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro ayer que esta decisión "no valida" la política lingüística del anterior Ejecutivo ya que en ese momento aún no estaba en vigor el polémico decreto que fija un mínimo del 50% de clases en gallego. "Si acaso valida la de un Gobierno del PP", apunta en alusión al mandato de Manuel Fraga.
"La demanda no se hizo contra el decreto del bipartito", insiste. La reclamación del padre de un alumno del colegio Los Sauces de Vigo para que su hijo recibiese las clases íntegramente en castellano se produjo en mayo de 2007 y la normativa sobre el gallego en la enseñanza del bipartito no entraría en vigor hasta septiembre de ese año. En todo caso, el Tribunal Supremo argumenta su rechazo a que los padres puedan elegir el idioma de la enseñanza en normas de carácter general como la Constitucion y la Declaración de Derechos Humanos sin entrar en normas de rango autonómico.
A pesar de ello, el Gobierno presidido por Núñez Feijóo defiende sus planes lingüísticos y se desmarca del contenido del fallo judicial emitido por el Supremo. "Es una sentencia que no afecta al decreto que prepara el Ejecutivo dentro de la más estricta legalidad", sostuvo el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. Por lo tanto, según añadió, "no modifica ninguna cuestión sobre el decreto en el que estamos trabajando".
Encuesta
Uno de los compromisos electorales del PP fue garantizar "el derecho a la libre opción lingüística" y, de hecho, tras asumir el poder en la Xunta realizaron una consulta entre los padres para preguntarles en qué idioma preferían las clases para sus hijos.
Para el portavoz del grupo parlamentario popular, Manuel Ruiz Rivas, esta encuesta a las familias "no contradice" la sentencia del Supremo que deniega da los padres su derecho a elegir la lengua en la que escolarizar a sus hijos. "Una cosa es enjuiciar una ley y un derecho y otra es una consulta a los padres en la que expresan su voluntad", argumentó.
Las medidas que está adoptando el Gobierno gallego en materia lingüística "respetan perfectamente la legalidad vigente en Galicia y respetan el Estatuto", en palabras del conselleiro Jesús Vázquez.
En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de la Xunta defendió que "lo razonable" es que los alumnos tengan conocimiento de las dos lenguas. Núñez Feijóo añadió que también se debe "respetar el derecho de los padres, siempre dentro del compromiso del bilingüismo cordial y compensado".
En todo caso, desde la Consellería de Educación aseguran que "acatan la legalidad y lo que diga el Tribunal Supremo". Desde el departamento que dirige Jesús Vázquez consideran que la sentencia del Supremo "confirma que hay un marco normativo y que mientras no se cambie se respetará ese marco normativo".
Ruiz Rivas va más allá e incluso recibe con "agrado" la sentencia. En su opinión, el tribunal "da la razón a las leyes de normalización lingüística" impulsadas por el Gobierno de Manuel Fraga. El portavoz del PP aplaudió que este fallo judicial "va en contra de romper la armonía lingüística", una actitud de la cual culpó al bipartito.
