El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se mostró ayer dispuesto a aceptar "un bilingüismo equilibrado" en las aulas que certifique un reparto "al 50% entre gallego y castellano" mientras se inicia el camino de introducir una tercera lengua, como el inglés, en la enseñanza. El anuncio de Feijóo se produce un día antes de la huelga en el ámbito educativo convocada para por la plataforma Queremos Galego, que desde el Ejecutivo autonómico califican de "acto partidista" y de "juicio previo" al alegar que el borrador del decreto sólo sienta unas bases que todavía deben ser consultadas con los agentes implicados.

"La cordialidad lingüística es un patrimonio al que nunca vamos a renunciar", señaló el presidente autonómico, quien aboga porque los escolares reciban la mitad de las asignaturas en castellano y la mitad en gallego mientras que no sea posible -debido a la falta de profesores especializados- introducir el tercio que la normativa reserva para el inglés. Algo que, en palabras de la propia Consellería de Educación a través de una carta remitida a los docentes, no ocurrirá a corto plazo. "Somos realistas, sabemos que no se puede implantar de golpe sin tener en cuenta la indudable importancia del profesorado", señala la misiva, en la que se indica que los docentes se podrán incorporar de forma "gradual y voluntaria" a las clases plurilingües. Una carta que critican desde el BNG, ya que consideran que es un resumen de las bases del decreto "interesado" y con el único objetivo de reducir el apoyo a la huelga de hoy.

Con sus declaraciones, Feijóo abre la puerta a algunas de las propuestas realizadas por sectores críticos con el borrador hacia el porcentaje destinado a cada lengua, pero se muestra tajante con otras cuestiones. "No podemos compartir la inmersión lingüística ni en gallego ni en castellano, ni tampoco que los alumnos no tengan ningún derecho a la hora de expresarse en clase o que a los padres ni siquiera se les dé la oportunidad de ser consultados", señala el líder del PPdG.

El presidente autonómico se mostró crítico con la huelga y la manifestación en Santiago convocada para hoy -que los organizadores prevén será "multitudinaria"- al asegurar que a la hora de analizar el decreto hay dos opciones: "hacer protestas o propuestas". En este sentido, desde Educación señalan que representantes de Queremos Galego rechazaron reunirse esta semana con la Administración para expresar sus sugerencias sobre el decreto del gallego.

El departamento que dirige Jesús Vázquez recordó ayer a todos los padres que "tienen derecho" a llevar a sus hijos a los colegios pese al paro previsto ya que tanto el transporte escolar como los comedores funcionarán con "normalidad" y todos los centros "tendrán unos servicios mínimos".

Las 'ilegalidades' del decreto

Un grupo de 60 jueces, abogados, catedráticos de Derecho o fiscales de Galicia alertaron ayer de que el borrador del decreto de la lengua presenta "indicios claros de ilegalidad" -al entrar en conflicto con normas de mayor rango en al menos cinco puntos-, por lo que podría ser considerado "nulo". Pese a que este colectivo señaló que no prevé iniciar acciones legales contra la futura norma, asegura que es posible presentar un recurso en su contra tanto en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como en el Constitucional.

El análisis jurídico del borrador, presentado ayer en Santiago por el juez Luís Villares, el abogado Héctor López y la profesora de la Universidade de Santiago, Alba Nogueira revela que el texto de la Xunta podría entrar en conflicto con la Constitución, la Ley Orgánica de Educación (LOE) o la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, entre otras normas.

. Ley Orgánica de Educación. La LOE establece que el tratamiento de las lenguas oficiales y las extranjeras "no puede ser equiparado de forma generalizada y obligatoria en el ámbito educativo". Algo que chocaría con el reparto de un tercio para cada idioma del decreto de la Xunta. "Habría objeciones legales en dar Química en inglés", indica Nogueira, ya que "añadiría a la necesidad de evaluar los contenidos de una materia, el dominio de una lengua".

. Constitución. Los juristas aseguran que la elección por parte de los padres de la lengua en la que reciben las clases sus hijos vulnera la configuración del derecho de educación de la Carta Magna, puesto que sólo atiende a "cuestiones morales o religiosas". En el resto de los casos, corresponde a los poderes públicos configurar los currículos escolares. Por otra parte, el borrador incumple la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se establece una discriminación positiva hacia las lenguas minoritarias, lo que obligaría a más horas lectivas en gallego que en castellano.

. Carta Europea. El texto europeo sobre lenguas minoritarias exige la presencia de estos idiomas en todas las etapas educativas. Con la propuesta de la Xunta, podría darse el caso de que en clases de Educación Infantil no se impartiese ninguna materia en gallego ya que se usará la lengua materna de los pequeños.

. Ordenamiento jurídico gallego. Los juristas de Galicia aseguran que el futuro decreto del gallego entraría en contradicción incluso con el ordenamiento jurídico de la comunidad. La ley autonómica establece que la lengua de la Administración es por defecto el gallego, por lo que un funcionario público -como un profesor de Secundaria- no tendría libertad para escoger el idioma en el que trabaja, sino que debería acatar la ley.