Directores de centros educativos lamentan que, finalmente y pese a las alegaciones presentadas por numerosas instituciones, las familias decidan el idioma en que se impartirán asignaturas en todas las etapas educativas.

La consulta a los padres y la libertad de elección para establecer la lengua de las materias fue una de las cuestiones planteadas por la Xunta en el borrador inicial del decreto que más ampollas levantó en la comunidad educativa. Los centros criticaron esta medida, al entender que es un asunto que compete a la Administración; las propias familias, a través de asociaciones de padres de colegios públicos, rechazaron esta posibilidad alegando carecer de criterios pedagógicos para tal labor y, por su parte, instituciones como la Real Academia Galega o el Consello da Cultura Galega recomendaron en sus escritos a la Xunta no dejar esta decisión en manos de los progenitores. Asociaciones como Galicia Bilingüe defendieron desde un primer momento la libre elección de las familias, una de las claves de los compromisos electorales del actual Ejecutivo gallego.

Desde su presentación en diciembre y con los cambios que Educación y Política Lingüística han incorporado, el texto final del decreto, que será entregado hoy a la comunidad educativa, mantiene la filosofía de las bases: las familias elegirán. "Me parece surrealista que si el objetivo final es establecer un reparto equilibrado de las materias entre gallego y castellano, al 50%, se tengan que dar tantas vueltas. Tengo la sensación que es para salvar el asunto de la consulta a los padres. Al final, las familias intervienen en el diseño curricular, función que compete a la Administración y no tiene sentido", argumenta José Ángel Suárez, portavoz de los directores de centros de Secundaria y miembro de la Xunta de Directores.

"Es un ejemplo de lo que mal empieza, mal acaba. Partimos de una promesa electoral y los últimos cambios incorporados al texto es como darle vueltas a lo imposible. Se mueven entre el compromiso electoral y los límites de la legislación", añade Suárez.

Si las familias deciden cambiar el idioma prefijado en el texto para parte de las troncales, los centros han de acatar tal decisión. En cuanto a las materias que quedan por distribuir, serán los centros los encargados de tal reparto, previo consenso del consello escolar, donde los padres opinarán. ¿Tendrán los equipos directivos más carga de trabajo? Para Suárez, no existe para nada temor a un caos organizativo. "Se puede hacer claro. Hasta ahora, con el decreto del bipartito, también teníamos que repartir por idiomas un número de asignaturas más allá de las fijadas en la norma. Pero lo hacíamos entre el claustro, de un modo flexible. Lo que ocurre ahora es que entran en juego los padres a través de los consellos escolares, y eso es lo que puede ser más problemático", dice el portavoz de Secundaria, quien añade: "supone dar mil giros para quedar casi como estábamos; gastar mucha energía para poca cosa". Desde la Real Academia Galega, prefieren esperar a conocer el texto final para hacer una valoración que ha de pasar por el plenario. Según comentó ayer su presidente, Xosé Luis Méndez Ferrín, "con lo que se aprobó ahora desconozco qué parte de nuestras recomendaciones se han tenido en cuenta". "Con respecto a la consulta a los padres mostramos nuestro rechazo inicial y, por lo que veo, se ha mantenido", advirtió Ferrín.