El sindicato CIG ha denunciado hoy la connivencia de la Xunta con iniciativas antiabortistas, como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se debatirá mañana en el Parlamento gallego, una iniciativa "regresiva" que supone "un recorte" de los derechos de la mujer
"Esta iniciativa es claramente antiabortista y pretende conseguir desde los poderes públicos que las mujeres no ejerzamos nuestro derecho a decidir libre e informadamente sobre nuestra maternidad", ha señalado el sindicato en un comunicado.
La responsable del área de mujer de la CIG, Margarida Corral, ha criticado que la administración "destine dinero público" a crear un red paralela de apoyo a la mujer "que duplicará los servicios públicos" "entregando a las asociaciones antiabortistas la labor de apoyar a las mujeres para culpabilizar a las que dediden abortar".
Corral ha asegurado además que la Xunta "no tiene previsto garantizar" el desarrollo de la Ley del Aborto, que entrará en vigor el próximo 5 de julio, y por contra "lidera esta iniciativa" y promueve otras leyes que "reforzarán su contenido", como el anteproyecto de Ley de apoyo a la familia, que tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y la conclusión del embarazo.
"Los poderes públicos deben poner a disposición de las mujeres el sistema sanitario para que sea capaz de dispensar los métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, para hacer un seguimiento del embarazo y el parto, y también para que atienda a las interrupciones voluntarias del embarazo", ha reclamado Corral.
La ILP, defendida en su presentación parlamentaria por una de las promotoras de la "Red Madre", que agrupa asociaciones antiabortistas, salió adelante con la mayoría parlamentaria del PPdeG.
Asimismo, el sindicato ha denunciado "la política de recortes" en la atención a las mujeres desde la llegada del PPdeG a la Xunta, debido a la reducción de un 82,3 por ciento del presupuesto del programa de apoyo a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.
