La Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), que representa en la comunidad gallega a 14 almacenes de mayoristas de farmacia pertenecientes a cinco empresas, mostró ayer su acuerdo con la decisión del Gobierno de España de recurrir la ley gallega. "Vulnera el reparto competencial del Estado ya que es el Ministerio de Sanidad el que tiene la competencia exclusiva para decidir qué medicamentos se financian", comunicó ayer Fedifar, que recuerda que el recurso abunda en los argumentos "ya esgrimidos por los colegios de farmacéuticos, Farmaindustria y Fedifar". Para ellos se cumple el argumento del departamento de Leire Pajín de que el listado excede las competencias de la Xunta.
El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, tiene claro que la decisión del Gobierno central de recurrir el catálogo gallego de fármacos se mueve por criterios políticos y por "celos" y que el objetivo que busca con ello es mantener dentro del Ministerio de Sanidad las "pocas" competencias que aún le quedan en la materia. "No entiendo el recurso contra el catálogo. Es evidente que hay un trasfondo político", sostiene Manuel Martín, quien precisa que su opinión no es la de la plataforma SOS Sanidade Pública, dado que por el momento no hay consenso sobre este tema en el seno de la organización a la que representa.
El portavoz de la asociación, sin embargo, apoya la iniciativa desarrollada por el Ejecutivo autonómico, que ya se viene aplicando en la comunidad en los últimos meses. Es más, considera que el Ministerio de Sanidad debería extender el modelo propuesto en Galicia al resto del territorio español porque el catálogo priorizado de medicamentos se ha hecho para contener el gasto farmacéutico, que ya representa en torno al 32% de todo el coste sanitario de las administraciones públicas.
"La promoción de los genéricos es buena para el sistema, puesto que son los mismos medicamentos con la misma calidad y las garantías que el resto, pero más baratos", argumenta Manuel Martín.
El portavoz de SOS Sanidade Pública sostiene además que el catálogo no restringe ningún derecho de los pacientes y sirve, en cambio, para moderar el gasto.
