Ningún dependiente es igual a otro por lo que cada caso requiere una atención específica: "un traje a medida". De este modo definió ayer la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, el nuevo modelo de atención a la dependencia que prepara el Gobierno gallego a través de un decreto y que se concretará, por ejemplo, en que las residencias, más allá de un establecimiento de alojamiento y cuidados, puedan también funcionar como centros de día para otro tipo de usuarios y ofertar servicios terapéuticos si cuentan con las instalaciones y la autorización correspondiente.

Se trata, explicó la titular de Traballo, de dar un "salto cualitativo", "una transformación radical", en la que los centros pasen a segundo plano y lo que cuente sean los servicios que estos ofrecen. "Hasta el momento, la autorización y acreditación se le daba a un centro en concreto. A partir de ahora se acreditarán servicios y no centros. Es decir, los diferentes centros podrán dar servicios de diferente naturaleza y adecuarlos al grado de dependencia y a las necesidades específicas de las personas", subrayó la conselleira.

El nuevo modelo, que todavía debe superar varios trámites administrativos para entrar en vigor, aunque está previsto para dentro de "unos meses", "permitirá", según Mato, "ampliar la oferta existente y optimizar los servicios". Pero también traerá consigo cambios burocráticos que ahorrarán dolores de cabeza y papeleos a quienes tengan un familiar dependiente con menos de 65 años.

Tal y como explicó la conselleira de Benestar, Beatriz Mato, en el nuevo modelo "se rompe la barrera de edad", fijada en 65 años o en casos en que existía algún tipo de discapacidad, que causaba "disfunciones administrativas y de acceso a los centros" en aquellos casos en los que la dependencia -derivada de alguna demencia u otra enfermedad- se daba en menores de 60 años.

Mato enfatizó que Traballo aspira a ofrecer a los dependientes un "menú de servicios flexible". Pero la cartera de servicios ofrecerá tres comunes, "esenciales": prevención y promoción de la autonomía personal, teleasistencia y ayuda a domicilio. Para aquellas personas con dependencia derivada de una determinada circunstancia (como Alzheimer, autismo...) se establecerá un abanico de recursos específicos (como mantenimiento, rehabilitación, talleres...).

Mato insistió en que por "primera vez" se reconocerán servicios específicos para personas con discapacidad diferenciada, como daño cerebral adquirido, autismo o enfermedad mental. Ya no se plantearán servicios dirigidos a la discapacidad indiferenciadamente, sino que se va a "adecuar la atención a las necesidades reales de las personas".

Los últimos datos sobre aplicación de la ley de dependencia, publicados la semana pasada, revelaban que Galicia estaba la quinta por la cola en desarrollar la norma.

La conselleira de Benestar, Beatriz Mato se refirió ayer a los datos publicados por el Gobierno el pasado viernes, según los cuales el Estado había transferido a Galicia 312,9 millones para la aplicación de la ley de dependencia desde que esta entró en vigor, hace cuatro años. La conselleira aclaró que, durante ese mismo período, el Ejecutivo gallego destinó a hacer cumplir esta normativa 622 millones, "el doble" que la Administración central.

Según Mato, las cifras evidencian que la Xunta aporta dos tercios y el Gobierno solo uno, cuando "debería aportar la mitad". Además, la titular del departamento de Benestar recordó que la inversión estatal es fruto del "trabajo" realizado en la comunidad autónoma.

Mato explicó que la Xunta recibe al mes una media de 1.100 solicitudes de dependientes y que resuelve 1.200 porque el Gobierno actual, precisó, heredó del bipartito 20.000 dependientes con derecho a atención que todavía no han accedido a los servicios. No obstante, precisó, han sido 28.000 los atendidos en los últimos dos años.

Para la portavoz de Políticas Sociais e de Xustiza del PSdeG, Beatriz Sestayo, los datos aportados ayer por la conselleira son un "insulto a los más de 43.000 gallegos dependientes que están en espera". Según Sestayo, Galicia "sigue siendo la segunda autonomía en dependientes en espera", lo que calificó de "aberración". La socialista pidió a Mato que presente en el Parlamento "datos reales".