En la estrategia abierta por la Consellería de Sanidade para reducir costes en el sistema sanitario, también se revisará el actual modelo de dispensación de material ortoprotésico, que incluye tanto la implantación de prótesis como el reparto de sillas de ruedas y que genera al año unos gastos de 9,2 millones de euros. El departamento que dirige Pilar Farjas avanzó ayer que se cambiará el modelo, aunque sin precisar cómo se hará, una vez que el PP, en la comisión parlamentaria de Sanidad, votara en contra de una iniciativa del BNG para prorrogar el actual sistema, al menos, durante el próximo año. Tal y como funciona el dispositivo desde el año 2003, los pacientes adquieren directamente el material ortoprotésico en los establecimientos autorizados y pagan un porcentaje en función del artículo -a semejanza de lo que ocurre con las recetas en las farmacias-, mientras que el resto, hasta cubrir el importe, lo abona directamente el Sergas a estos establecimientos.

Pero en 2012 esto ya no será así. Sanidade no renovará el concierto aún vigente y aplicará uno nuevo, para lo cual, la Consellería está analizando y comparando los modelos implantados en otras comunidades para comprobar su posible traslado a Galicia. "Será el más beneficioso para los pacientes y basado en los principios de seguridad, calidad y gratuidad", indicaron fuentes de Sanidade, quienes no precisaron, en todo caso, cómo repercutirá sobre los pacientes la medida planteada para reducir costes.

En el Parlamento, el BNG promovió un acuerdo para solicitar a la Xunta la prórroga del actual concierto, pero el PP lo rechazó y, a cambio, propuso un texto alternativo donde se pedía para el nuevo modelo la posibilidad de "habilitar un mecanismo para facilitar de forma gratuita el material ortoprotésico para las personas sin recursos suficientes".

Con esta modificación, el PP quería garantizar una prestación totalmente gratuita solo para las familias en paro y con escasos recursos, pero el BNG no la admitió -al ser el autor de la iniciativa original-, por entender que eso suponía crear un modelo sanitario "para pobres, en el que las personas sin recursos deben presentar una tarjeta que los identifique como pobres para recibir la prestación". El Bloque quería, en todo caso, que se renovara el concierto y además se sumara la enmienda del Partido Popular para eliminar el copago para la personas más castigadas por la crisis, pero entonces fue el PP quien no aceptó la propuesta en estos términos.

La diputada nacionalista Ana Luisa Bouza sostuvo que la intención de la Xunta era volver al modelo anterior a 2003, donde los pacientes compran las prótesis y luego tiene que reclamar el dinero al Sergas. Pero eso, dijo, tendía un "efecto disuasorio", ya que impediría que los pacientes sin recursos accedieran en igualdad de condiciones a la prestación, además de quedar indefensos en el caso de que el Sergas le denegara o retrasara el reintegro.

La diputada popular Marta Rodríguez-Vispo argumentó que el cambio en la dispensación de material ortoprotésico era necesario ante el aumento del gasto en este servicio. Las cifras que dio, correspondientes al año 2009, suponen un coste total de 9,2 millones, lo que significa un gasto de 3,32 euros por habitante y año. "La Xunta va a hacer una revisión y una actualización del modelo y el Sergas está explorando nuevas fórmulas para racionalizar el gasto de este capítulo", explicó la parlamentaria del PP, quien enfatizó que la responsabilidad de una administración es tomar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Tampoco el PSOE se mostró de acuerdo con el PP. Modesto Pose defendió el funcionamiento del actual concierto, "porque los costes son bastante razonables". "No cuenten con el PSOE, el sistema sanitario es universal y el PP lo quiere hacer para pobres", dijo el socialista.

Por otra parte, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ratificó ayer que la Xunta se marca como objetivo "garantizar" una sanidad "pública y universal" y evitó dar más explicaciones sobre la propuesta de Feijóo de estudiar cobrar por servicios no sanitarios del Sergas, como duchas o comidas. Si embargo, el Defensor del Paciente instó al presidente de la Xunta y a Pilar Farjas a "actuar con lucidez" y así se lo transmitieron en una carta que le envió, al tiempo que considera "aberrante" que el jefe del Ejecutivo gallego "comparase un hospital con una pensión".

Por otra parte, facultativos gallegos también se mostraron críticos con la propuesta de cobrar por la estancia hospitalaria ya que consideran que creará "graves desigualdades" entre los pacientes.