La Xunta creará un cuerpo de inspección exclusivo para controlar a las universidades gallegas. Los inspectores, que serán funcionarios de carrera, velarán por el cumplimiento de la legislación en materia universitaria, examinando la gestión de las tres instituciones académicas de Galicia. No ajustarse a la legalidad vigente implicará infracciones, desde muy graves hasta leves, con sus correspondientes sanciones económicas.
Es una de las medidas estrella del anteproyecto de Ley del Sistema Universitario de Galicia al que tuvo acceso LA OPINIÓN y que irá al Parlamento de Galicia entre marzo y abril del próximo año. Aunque se trata de un borrador, la Administración autonómica deja clara su propuesta de estrenar un Cuerpo de Inspección de Universidades, entre otras innovadoras medidas, teniendo en cuenta que la anterior ley universitaria de la comunidad data de 1989 y es necesaria su actualización. En ello están de acuerdo todos los agentes, en tener una legislación comunitaria acorde con los tiempos, con una universidad adaptada a Bolonia y con la globalización como máxima para ganar competitividad. Si bien el texto puede sufrir cambios (los rectores tienen hasta el 31 de enero para presentar alegaciones), la propuesta de la Xunta es novedosa, con la inclusión de medidas que, según fuentes consultadas, pueden chocar con la autonomía que hasta ahora reinaba en las universidades gallegas.
"La consellería con competencia en materia universitaria (Educación) ejercerá la inspección de las universidades, centros universitarios, centros adscritos y centros extranjeros que desarrollen su actividad en ámbito territorial gallego", según consta en el anteproyecto de ley. Para ello, Educación creará una escala especial de inspección de universidades, "que será integrada por personal funcionario de los grupos A1 y A2". ¿Cuáles serán sus funciones? Desde comprobar y controlar el cumplimiento de las disposiciones y normativas vigentes en materia de estudios universitarios, hasta emitir los informes técnicos que solicite la Administración autonómica. También se encargarán de asesorar al departamento de universidades de la Xunta "en todo lo relacionado con el ámbito de la presente ley" y de "otras funciones expresamente atribuidas por vía legal o reglamentaria".
La futura legislación toca muchos puntos inexistentes en la anterior y, sobre todo, extremará el control sobre estas instituciones académicas. Hace exactamente un año, Facenda anunciaba una medida que en su momento también marcó un antes y un después en la autonomía de las universidades. Por primera vez, estas instituciones tenían que cumplir con la obligación de rendir cuentas con carácter anual, presentando sus balances económicos. Desde entonces, la Consellería de Facenda tiene la capacidad de vetar las cuentas de estas instituciones si considera que los gastos son excesivos teniendo en cuenta su presupuesto real.
La nueva ley de universidades de Galicia, tras dos décadas de vida de la anterior, establece un régimen sancionador, tipicando las infracciones por nivel de gravedad con sus correspondientes sanciones económicas, que van desde los 30.000 a los 500.000 euros. ¿Qué infracciones establece la nueva legislación? Teniendo en cuenta que el texto base puede sufrir cambios en los próximos meses, la propuesta de la Xunta prevé sanciones de entre 150.000 y 500.000 euros para las infracciones muy graves. ¿Qué entiende por infracciones muy graves? Desde impartir estudios universitarios sin la preceptiva autorización, hasta el incumplimiento de la normativa universitaria si atiende a motivos fraudulentos o de ocultación o la falta de veracidad en la memoria justificativa, si fuese determinante para la concesión de una autorización (consultar gráfico para ver todos los supuestos). Las multas de infracciones con rango de grave, entre 30.000 y 150.000 euros, se impondrían por incumplir o extralimitarse en las condiciones exigidas para la impartición de estudios, utilización de nombres para titulaciones oficiales, omisión de certificaciones o la comisión de más de dos infracciones en tres años. Las infracciones leves, cuyos supuestos no están enumerados en el borrador de la futura ley, se saldarían con apercibimientos por escrito o multas de hasta 30.000 euros.
