La asociación Ve-la Luz, que lucha contra la violencia de género y los abusos en toda Galicia, denunció ayer la "deficiente" situación del punto de encuentro de A Coruña ante la Fiscalía de Menores. La entidad alerta de que este centro -lugar en el que los padres separados con mala relación realizan las visitas acordadas en la sentencia de divorcio o el intercambio de los hijos- "incumple totalmente" la normativa gallega que regula este tipo de locales. Desde la asociación resaltan -tal y como comunicaron en una queja formal a la Xunta en junio de 2011- el mal estado de las instalaciones, la falta de higiene, la vulneración del principio de intimidad o "la falta de personal especializado" para gestionar las visitas. En su día, la Consellería de Benestar reconoció la existencia de "deficiencias materiales y de seguridad" que exigió solventar a la dirección del centro.
El punto de encuentro coruñés se sitúa en el centro Fonseca, dependiente de la Compañía de Jesús. Para la asociación Ve-la Luz las instalaciones no son las adecuadas para este tipo de actividad. "Hay problemas de seguridad como enchufes a baja altura, un gran ventanal por el que puede caerse un niño y las medidas higiénicas tampoco son las adecuadas", señala la presidenta de esta entidad, Gloria Vázquez, quien también resalta que no se cumple con el derecho a intimidad de los usuarios "ya que en una misma sala puede haber hasta cinco familias realizando la visita". La Xunta reconoció en julio que el visado del centro dependería de que se solucionasen algunas deficiencias materiales, pero negó que el hecho de coincidir varias personas en el centro a la misma hora "suponga vulnerar la intimidad".
Desde Ve-la Luz critican que la gestión del centro corra a cargo de una entidad religiosa sin personal especializado. Desde la Xunta aseguraban en julio que el equipo técnico del centro está formado "por profesionales del ámbito psicosocial" que "no se ven influidos" por el hecho de que el centro dependa de la Compañía de Jesús. En la normativa gallega sobre estos locales, aprobada en 2009, se establece además que serán "titularidad de las administraciones públicas, que gestionarán estos servicios directamente o a través de la gestión indirecta" o bien "podrán ser titulares de puntos de encuentro familiar entidades privadas debidamente inscritas en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales".
En cuanto al personal que trabaja en el punto de encuentro, la Xunta aseguró no encontrar anomalías durante su inspección al centro y aseguró que la presencia de voluntarios es algo que contempla la ley. Desde Ve-la Luz aseguran que una prueba de las irregularidades que existen con los trabajadores es que, tras presentar una denuncia en la sección de siniestralidad laboral de la Fiscalía de A Coruña, les enviaron una notificación en la que se asegura que "inspección de trabajo no tiene constancia de que en el centro Fonseca se efectúe alguna prestación laboral". "No tienen a nadie asegurado. Allí no figura que trabaje nadie", destaca Gloria Vázquez.
Desde la asociación sostienen además que hay "fallos" en la organización del punto de encuentro que afectan a todos los usuarios, pero especialmente "a las víctimas de violencia de género". "Cuando una mujer maltratada llega al punto de encuentro para que su hijo vea al padre o bien se cruza con su agresor o bien con la familia en el portal del edificio, con lo que la mujer se ve coaccionada y sufre insultos y agresiones", sostiene Vázquez. Desde la Xunta, sin embargo, sostienen que hay un protocolo de actuación para estos casos, de modo que la persona que tiene derecho a la visita llega al centro 15 minutos antes de la hora acordada y se va 15 minutos más tarde para evitar que ambos progenitores puedan verse. Pero las quejas de Ve-la Luz van más allá y acusan al centro Fonseca de no registrar las visitas celebradas o no informar de los incidentes registrados durante las visitas.
La denuncia de ayer ante la Fiscalía de Menores es el final del periplo de la asociación que se inició con una queja a la Xunta y continuó con una denuncia en Trabajo y el Valedor do Pobo, quien abrió un expediente para analizar el caso.
