23 de septiembre de 2012
23.09.2012
Afectados coruñeses por los recortes en la ley de dependencia

El 'tijeretazo' más doloroso

Beneficiarios coruñeses de la ley de dependencia explican cómo se han visto reducidas las prestaciones que reciben por los recortes aprobados por el Gobierno central

24.09.2012 | 12:15
Carmen Fernández Quiroga y Pilar Paredes. / 13fotos

"Estamos atravesando una crisis económica muy complicada, y es verdad que hay que suprimir gastos, pero ciertos colectivos pueden asumir mejor que otros los recortes, y el de los dependientes es de los más vulnerables". Beneficiarios coruñeses de la ley de dependencia explican cómo se han visto mermadas las prestaciones que reciben por la reforma de la normativa aprobada por el Gobierno central, y lanzan una advertencia: "La reducción de los fondos y las ayudas van a provocar que muchas personas con discapacidad tengan que dejar de ir a rehabilitación en centros especializados y esto, a la larga, repercutirá en el gasto sanitario", destacan

"El recorte de los fondos y las prestaciones para la dependencia va a provocar que muchas personas con grados importantes de discapacidad, que requieren rehabilitación en centros especializados, tengan que dejar de ir a esas terapias y esto, a largo plazo, repercutirá en el gasto sanitario, pues su salud empeorará y, con toda probabilidad, aumentarán las visitas a los servicios de Urgencias, los ingresos hospitalarios....". Así de tajante de se muestra la coruñesa Carmen Fernández Quiroga a la hora de valorar los cambios en la ley de dependencia aprobados por el Gobierno central el pasado mes de julio. Su marido, con daño cerebral adquirido y una discapacidad que ronda el 90%, es uno de los miles de beneficiarios de la norma que ya han visto recortada su prestación.

"Solicitamos la ayuda el mismo año en que empezó a aplicarse la ley, y aunque no tardaron demasiado en hacerle la valoración, el cobro sí que se demoró bastante", recuerda Carmen, quien explica que la aportación que recibe su esposo es para acudir al centro de día de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) -entidad que ella misma preside-, que "cuenta con profesionales con formación específica" en esa patología. "El tope está, en esos casos, en unos 500 euros, y él venía recibiendo casi 400 que, con los recortes, se han quedado en 225", subraya.

Una cantidad que apenas cubre la tercera parte del coste del citado centro: 660 euros mensuales, con terapias especializadas y transporte adaptado incluidos. "Para él es fundamental acudir al centro de día, porque sin terapias especializadas, su recuperación se estancaría. Y para mí también, porque si no lo hiciera, yo no podría trabajar. Así que hemos optado por apretarnos aún más el cinturón y asumir la diferencia. No nos queda otro remedio", señala Carmen.

La aprobación del Real Decreto-Ley 20/2012, el pasado mes de julio, modificó la ley de dependencia, a base de tijeretazos en conceptos como la aportación del Estado al nivel mínimo de protección -el dinero que reciben las comunidades por cada dependiente en función de su gravedad-, o la paga a los cuidadores no profesionales, a quienes, además, se les deja de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, por lo que si quieren seguir dados de alta en el régimen especial creado para ellos, tienen que empezar a abonarlas de su propio bolsillo. Unas medidas con las que el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera ahorrar 2.800 millones en los próximos dos años, y que para la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, esconden una "derogación de la ley burdamente enmascarada en la falsa necesidad de sacrificios". "Son medidas desalmadas y crueles", destaca esta entidad, que asegura que los efectos de los "recortes" del Gobierno se hacen visibles en los últimos datos oficiales del Sistema de Atención a la Dependencia, pues reflejan que los dependientes que reciben ayuda solo han aumentado en Galicia y Extremadura. Además, el número total de beneficiarios, de solicitudes y de dictámenes emitidos ha bajado en el conjunto de España por primera vez desde que se comenzó a aplicar la ley, en 2006.

Para Carmen Fernández Quiroga, esa reducción es "solo el principio". "Ojalá me equivoque, pero tengo la impresión de que los recortes no se acaban aquí", señala esta coruñesa, quien considera que la ley dependencia "ha creado unas expectativas, para muchas familias, que no son reales" y que ahora, más que nunca, "se está viendo que no se van a cumplir". "Se puso en marcha una normativa muy ambiciosa sin dotarla de un respaldo económico suficiente", remarca, y añade: "Es verdad que estamos atravesando una crisis económica muy complicada, y que es necesario recortar gastos, pero determinados colectivos pueden asumir mejor que otros los recortes, y el de los dependientes es uno de los más vulnerables. Por muy mal que estén las cosas, creo que hay determinados límites que no se deberían traspasar", destaca.

En la misma línea se manifiesta la ferrolana Pilar Paredes, cuyo esposo, también con daño cerebral adquirido y con una discapacidad del 92%, recibe una ayuda de 147 euros mensuales para acudir al centro de día de Adaceco. "El Gobierno central debería mostrar una mayor sensibilidad hacia los dependientes y sus familias. El recorte de las ayudas va a repercutir, inevitablemente, en el estado de salud de muchas personas que, como mi marido, necesitan recibir terapias especializadas para ir recuperándose poco a poco o para, por lo menos, no estancarse o ponerse todavía peor", apunta Pilar, quien insiste en que los ajustes del Gobierno se podrían haber focalizado "en colectivos menos vulnerables".

Los trámites para acceder a los servicios de dependencia tendrán en Galicia plazos máximos de resolución menores de los que marca la ley y de los que actualmente se están aplicando en la comunidad. Como contrapunto a los recortes en la ley de dependencia aprobados por el Gobierno central, la Consellería de Traballo e Benestar presentó, esta misma semana, una carta de servicios que establece, por primera vez en materia de servicios sociales, cuáles serán los tiempos de espera que la Administración no deberá sobrepasar en las diligencias para reconocer un grado de dependencia y hacer efectiva la atención más adecuada, sean cuidados en el entorno familiar o en un centro de día, ingreso en una residencia o libranzas vinculadas al pago de un servicio para el que no queden plazas en la red pública.

El documento acorta en algunos casos los plazos con los que hasta ahora contaba la Xunta, tres meses para resolver el grado de dependencia desde la entrada de la solicitud y otros tres para determinar el Programa Individual de Atención (PIA), la fase clave del trámite porque indica qué modalidad de atención. El cumplimiento de la carta no es de imperativo legal, así que los afectados por un retraso podrán, como mucho, afearle a la Administración su lentitud, porque no se contemplan sanciones, tal y como aclaró la secretaria xeral de Política Social, Coro Piñeiro.

Benestar se compromete a aprobar el PIA del 100% de los expedientes de asistencia personal -prestación económica para contratar a un profesional que ayude al dependiente con sus tareas diarias- en un plazo máximo de dos meses desde la resolución del grado de dependencia, y reduce a 20 días hábiles la espera para el mismo trámite en caso de menores de tres años. Antes de la adjudicación del PIA, Benestar se compromete a agilizar también la valoración sobre el estado del enfermo -en el 65% de los casos, 70 días- y el reconocimiento de un grado de dependencia -20 días naturales en el 40% de los expedientes-, si bien para el resto se mantendrán los tres meses máximos de espera.

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