Las ONG denunciaron ayer que no podrán "seguir atendiendo" a los más necesitados si el Gobierno de Mariano Rajoy les obliga a "asumir en solitario el coste social de la crisis". Las organizaciones argumentan que están "completamente asfixiadas" por los recortes y que tienen "serios problemas para seguir prestando servicio por falta de recursos".

A través de un comunicado, la Plataforma del Tercer Sector, que representa a más de 30.000 organizaciones sin ánimo de lucro, denuncia que la demanda de atención crece a diario y que el sector "viene soportando desde hace meses impagos y demoras" sin dejar de atender las necesidades de esta "legión" de personas vulnerables.

La plataforma reclama a las instituciones públicas que "en el actual contexto de inestabilidad económica, financiera y de valores no se dé la espalda a los colectivos más frágiles de esta sociedad, grupos que ya estaban en situación de riesgo antes de que se desatara la crisis".

"La situación del sector es crítica ya que viene soportando desde hace meses impagos y demoras sin dejar de atender las necesidades de una legión de personas sumamente vulnerables, lo que le ha obligado a asumir en solitario el coste social de la crisis", lamentan las ONG.

Las organizaciones plantean la necesidad de que el Gobierno y las comunidades autónomas "sean conscientes de que en las actuales circunstancias millones de personas en este país podrían quedarse en el más absoluto desamparo si las ONG no reciben el apoyo necesario para poder seguir dando servicio y desarrollando programas".

"La Plataforma del Tercer Sector tiene la firme voluntad de trabajar con las instituciones y los gobiernos para impulsar todas aquellas medidas que den respuesta a las necesidades acuciantes de las personas y colectivos más vulnerables en estos momentos", recuerda.

La Plataforma del Tercer Sector se constituyó el 10 de enero de 2012 para defender el valor de lo social desde una voz unitaria y fue fundada por la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Plataforma del Voluntariado de España (PVE), Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado Español (EAPN-ES), Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

La persistente crisis que ha disparado las tasas de paro y ha dejado a miles de familias en la calle también empuja a dos Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) a cerrar sus delegaciones en Galicia. Acción contra el Hambre y Paz e Desenvolvemento no fueron capaces de soportar, por un lado, la reducción de subvenciones públicas y, por otro, el paulatino descenso de socios desde el comienzo de la recesión. Además del cierre de estas dos organizaciones, otras cuatro sobreviven con un ERE a sus espaldas que afectó a su sucursal en Galicia.

Las ONG Acción contra el Hambre y Paz e Desenvolvemento cerraron en los últimos dos años sus delegaciones en Galicia a causa de la importante reducción de fondos públicos destinados a la cooperación. Por el mismo motivo también cuatro entidades nacionales -Intermón Oxfam, Acsur Las Segovias, Asamblea de Cooperación pola Paz y Ayuda en Acción-, tuvieron que aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) a nivel estatal que afectó a sus delegaciones en la comunidad gallega.

En el 2011, la partida presupuestaria de la Xunta dedicada a la lucha contra la pobreza se vio recortada un 39%. En 2012, las partidas de cooperación representan el 0,6% del presupuesto del Ejecutivo autonómico, lo cual está por debajo del 0,7% recogido en el Pacto Galego contra a Pobreza que en 2010 firmaron todos los partidos gallegos con representación en el Parlamento, tal y como denuncian desde la Coordinadora Galega de ONGD. Las expectativas no son demasiado alentadoras si bien el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, se comprometió en octubre del pasado ejercicio a no recortar más estas partidas.

Por su parte, las ayudas que las ONG recibían del Estado central bajaron hasta un 54% en 2012, lo que implica que estas entidades cuentan durante este ejercicio con 1.000 millones de euros menos.