La Consellería de Sanidade obligará al paciente a adelantar el coste de su operación o de una consulta en la sanidad privada en caso de que no pueda ser atendido en la red pública dentro de los plazos establecidos en la nueva Lei de garantías de prestacións sanitarias, que estipula una demora máxima de 60 días para una intervención quirúrgica y 45 días para una cita médica o prueba diagnóstica. La Xunta se compromete a reembolsar a posteriori los costes al paciente conforme a las tarifas que fije reglamentariamente para ese tipo de intervenciones.

La nueva ley, que está pendiente del informe del Consello Económico e Social (CES) para su aprobación por parte de la Xunta, tiene por finalidad introducir garantías para que ningún paciente sea operado más tarde de 60 días. Y la forma de garantizarlo es ofreciendo al usuario la posibilidad de costearle esa intervención en la sanidad privada, en un centro de su elección, si el Sergas no puede cumplir su compromiso de llevarlo al quirófano en plazo, bien sea en un hospital público o en uno concertado. Sin embargo, tendrá que ser el paciente el que adelante los gastos de su intervención si acude a la privada.

Este punto se ha encontrado con el rechazo de la Asociación de Hospitales Privados de Galicia, que en sus alegaciones al anteproyecto de la Lei de garantías de prestacións sanitarias critica que se obligue al paciente a "anticipar los gastos". "Consideramos que podría ser discriminatorio para aquellos pacientes con menos recursos", explican. Si los usuarios no disponen de ahorros suficientes para adelantar el dinero no podrán ser operados en plazo, tal y como fija la normativa, y no les quedará más remedio que esperar y ser atendidos en la pública.

La reclamación de la patronal de los hospitales privados, sin embargo, no ha sido atendida por la Consellería de Sanidade que en el borrador enviado al CES mantiene que "si el paciente no hubiera recibido una oferta para ser atendido en el tiempo máximo establecido, tendrá derecho a acudir a un centro privado de su elección, ubicado en el territorio de la comunidad autónoma de Galicia, y a ser reembolsado de acuerdo con las tarifas que se establezcan reglamentariamente para el proceso realizado".

Este artículo de la ley tampoco convence al Sindicato de Enfermería (Satse) y alguno de los colegios de enfermería de Galicia, aunque lo que cuestionan no es el detalle de que el paciente tenga que adelantar los gastos por su atención médica sino directamente el hecho de que se les ofrezca la alternativa de acudir a un centro privado en lugar de ser asistidos en uno público . "No se entiende salvo que se pretenda derivar a los pacientes a la medicina privada", argumentan en sus alegaciones.

En su respuesta, el departamento de Rocío Mosquera aclara que su intención es "salvaguardar los derechos de los ciudadanos facilitando un sistema de garantías de la efectividad de esos derechos". Además, la Consellería de Sanidade aclara que la posibilidad de acudir a un centro privado está contemplada "como última garantía, reservándose para aquellos casos en los que el Servicio Galego de Saúde no puede dar respuesta a la demanda de los pacientes en los tiempos establecidos y con los medios disponibles".

Estos plazos de espera, sin embargo, podrán ser ampliados, tal y como recoge la normativa, por razones económicas, lo que también generó una queja por parte de los colegios de enfermería. La Consellería de Sanidade justificó que se trata de adaptar los tiempos de respuesta "a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario".