Mari Luz, Eduardo y Javier son detectives privados. Los tres coinciden en que la imagen de la profesión se ha deteriorado a raíz del caso de Método 3, que ha llevado al Gobierno a proponer un mayor control sobre la actividad de estos profesionales, ya suficientemente vigilados según ellos mismos reconocen.

El pasado febrero saltó a los medios de comunicación que la agencia de detectives Método 3 había grabado un almuerzo entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, celebrado en el restaurante barcelonés La Camarga.

Una grabación encargada, según se publicó en un principio, por el PSC y cuya filtración ha originado un debate sobre la legitimidad de las investigaciones de los despachos de detectives.

Sea o no por este motivo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció un mes después que su departamento prepara una nueva ley de Seguridad Privada (la actual data de 1992) que, entre otras cosas, prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de los investigados e impondrá "cautelas" a la actividad de los detectives.

Fuentes de Interior explican a Efe que la nueva normativa, cuyo texto todavía no se ha cerrado, podría estar lista en los próximos meses y recogerá un catálogo concreto de normas que deberán seguir los detectives, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con la retirada de la autorización para ejercer la profesión.

La nueva ley también intensificará los controles e incrementará la vigilancia.

Pese a que aún no se conocen más detalles del proyecto, el primer esbozo no ha sido bien recibido por el colectivo, como explican a Efe tres detectives, que atribuyen la decisión de Interior al hecho de que algunos políticos estén siendo objeto de investigaciones encargadas por sus rivales.

"Los políticos pueden ser investigados como cualquier otra persona, porque no importa qué se investigue mientras que el que te contrate esté legitimado para ello. Otra cosa es que hagas una investigación lícita y luego vendas el dossier. Eso no es legal".

Con estas palabras, Eduardo Navasquillo, presidente de la Sociedad Española para el Desarrollo y Difusión de la Investigación Privada (SEDDIP), quiere manifestar la "influencia directa" que el caso de Método 3 ha tenido sobre los planes del Gobierno.

De todos modos, el responsable de SEDDIP explica que "ya hay suficientes controles" y que quien debe determinar si realmente una investigación ha vulnerado la intimidad de una persona es un juez y no Interior.

Navasquillo, al igual que Mari Luz y Javier -que prefieren no dar su apellido-, recuerda que la actual legislación impone ya controles suficientes e inspecciones de las que se encarga la Policía Nacional, que comprueba a quién y cómo se investiga y quién contrata.

Lo mismo opina el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, quien también cree que la actual ley ya recoge un control suficiente, si bien asegura que Método 3 cometió un delito al interceptar el citado almuerzo.

"En este país estamos acostumbrados a que cada vez que se ve un fallo en una ley que no se cumple, se modifica para hacerla todavía más dura, pero en este caso no es necesario porque hay controles suficientes", asevera Benito.

Mari Luz trabaja en un despacho de detectives y tiene claro que puede investigar a un político si es contratada para ello: Eso sí, siempre dentro de los límites que ya impone la ley, señala a Efe antes de resaltar que lo que ha anunciado el Ministerio "está ya" en la normativa.

De hecho, continúa, su profesión está más controlada que cualquiera de las otras consideradas liberales.

Javier, que trabaja por libre, ratifica esta opinión. "Somos los detectives más controlados de Europa y del mundo, de la misma forma que también somos los mejor formados y preparados", explica después de insistir que "no es necesario" un mayor control que puede ser "asfixiante".

Señala Javier que la suya es una profesión que puede resultar "incómoda" para los políticos porque "a veces topamos con corruptelas" que "destapamos", pero reconoce que es una labor "complicada de regular" al desarrollarse muchas veces en "terrenos resbaladizos".

Los tres detectives insisten en que son los primeros interesados en que se persigan las malas prácticas en su profesión, pero creen que también debe darse respuesta a algunas de sus reivindicaciones.

¿Qué proponen? Para empezar, consideran que deben estar regulados en una norma específica y, por tanto, demandan que se les saque de la ley de Seguridad Privada, lo que no comparte el portavoz del SUP porque ese colectivo no deja de estar enmarcado en empresas de ese sector.

Piden también que su formación dependa del Ministerio de Educación y no de Interior, como ocurre ahora; mayor control a los despachos en materia de Seguridad Social y Hacienda; acabar con el intrusismo; mayores facilidades para hacer su trabajo, como acceder a determinados datos policiales; o la protección de las matrículas de sus coches. Sugerencias que, si pueden, trasladarán a Interior.