Entre las muchas facetas que ofrece la nueva ley de universidades de Galicia, cuyo debate se acaba de iniciar en el Parlamento, gran parte de ellas van dirigidas a mejorar la eficacia del gasto, reducir costes y rebajar la dependencia de los fondos públicos, elemento capital en su financiación. En esta línea va uno de los artículos de nueva presentación a través de una enmienda del PP, en el que marca la hoja de ruta de los centros de investigación de las tres universidades gallegas al fijar que el objetivo final es que se financien por su propia actividad, sin recurrir o haciéndolo lo menos posible, a las transferencias de fondos públicos para cubrir sus gastos.

El artículo, que ahora será el 18 bis, establece que "como regla general", los institutos de investigación "tenderán a la autofinanciación de sus actividades". Fuentes de Educación aseguraron que el objetivo es que los centros de investigación sean capaces de generar la suficiente producción como para poder mantenerse por sí mismos sin financiación externa.

La meta es ambiciosa y por eso no se establece un plazo temporal, pero sí se deja claro cuál es la intención del Gobierno gallego: que las universidades sepan que el dinero público es limitado y que antes de meterse en nuevas iniciativas tienen que asegurarse la financiación de lo que ya tienen.

La oferta de institutos de investigación en la comunidad autónoma es bastante amplia. Al menos hay dos docenas de ellos. La Universidade de Santiago cuenta con dieciséis centros que se amparan bajo la denominación de "institutos de investigación". Es la que mayor infraestructura presenta. Mientras que la Universidade da Coruña tiene seis y Vigo, otros cinco.

Con el objeto de contener el gasto, la nueva ley prevé la creación de un consorcio destinado a coordinar las titulaciones que se impartan conjuntamente o las pruebas de selectividad, pero también con la vocación de ser un órgano de gestión única de procesos, servicios y recursos de las tres instituciones académicas gallegas. Su principal objetivo será evitar la repetición de procedimientos entre las universidades, así como "el ahorro de costes y gastos de implantación" en lo relativo a compras conjuntas.

Como la mayoría de las leyes que tramita la actual Xunta, el Gobierno gallego considera que esta también se podrá aplicar sin generar gasto público adicional y que las partidas contenidas en el plan de financiación plurianual serán suficientes.

El Ejecutivo gallego hace también una llamada de atención sobre la reducida presencia de mujeres en el cuerpo docente de las tres universidades de la comunidad gallega. Los últimos datos indican que ellas representan el 36,4% frente al 63,6% de los puestos ocupados por varones, y dado que la incorporación masiva de la mujer al alumnado es muy reciente, esta desigualdad en la plantilla de profesores no desaparecerá a medio plazo.