Firmado en Santiago

España, pionera en un acuerdo contra el tráfico de órganos

El objetivo de este convenio a nivel mundial, impulsado por el Consejo de Europa, es luchar contra una práctica que se da cada año en 10.000 trasplantes en todo el mundo

Representantes del Gobierno y la Xunta, ayer, en la firma del convenio en Santiago.

Representantes del Gobierno y la Xunta, ayer, en la firma del convenio en Santiago. / xoán álvarez

Agencias

Santiago se convirtió ayer en el escenario de la firma del convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos, el primer tratado internacional impulsado para combatir estas prácticas ilegales y que España es el primer país en rubricar. Galicia acoge durante esta semana un congreso sobre este tema en el que expertos internacionales debatirán cómo prevenir y luchar contra el tráfico de órganos.

Un problema, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se produce cada año en alrededor de 10.000 trasplantes en todo el planeta, por lo que este convenio ve la luz como "el primer paso" para acabar con un conflicto de una dimensión global que viola los derechos y la dignidad humana y que supone, además, una grave amenaza para la salud pública. En la sesión inaugural, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se refirió a esta actividad ilegal como la "nueva fórmula de esclavitud del siglo XXI", contra la que se hace "imprescindible" una respuesta integral, "no solo dentro de las fronteras de un país, sino de manera trasnacional".

Alonso celebró que España encabece esta batalla, asumiendo el papel que corresponde a un país que desde 1992 es líder en trasplantes de órganos y que en 2014 alcanzó un "máximo histórico" en el número de donaciones y trasplantes de órganos, con 4.360 pacientes trasplantados y una tasa de 36 donantes por millón de habitantes.

En todo caso, el responsable de Sanidad advirtió de que el convenio, a pesar de ser un "verdadero éxito", no es el final del camino, "sino el principio de un reto", dirigido fundamentalmente a "lograr una adhesión masiva a nivel global".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, censuró esta actuación ilegal, una "triste realidad" que muestra la "peor cara de la naturaleza humana". El mandatario gallego aseguró que este conflicto no es ajeno a las zonas desarrolladas, puesto que "ningún país es inmune" a esta lacra.

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