La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales exigieron ayer que se recupere la inversión en gasto social recortada en esta legislatura hasta avanzar hasta unos "mínimos imprescindibles", que deben estar entre el 8 y el 10% de los presupuestos autonómicos. En el caso de Galicia, defienden que el presupuesto en protección social debe duplicarse desde los 496,8 millones actuales hasta los 973,6 millones en 2019 (476,7 millones más).

Según el informe de los directores y gerentes de Servicios Sociales, Galicia sería la cuarta comunidad autónoma que requeriría un mayor aumento de su presupuesto en protección social, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (101% más), Canarias (155% más) y Baleares (173% más). Tildan de "inadmisible" que la mayoría de las comunidades haya recortado su inversión en estos servicios en un momento en el que cientos de familias "padecen dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas". Y cifran el recorte en el 13,3% en comunidades y ayuntamientos entre 2011 y 2013, pasando de un gasto de 354,02 euros por habitante a 306,91, es decir, 47,11 euros menos.

Para esta asociación, la financiación de los servicios esenciales gestionados por las comunidades para una protección social "mínimamente digna" debe situarse, como mínimo, en el 70% del gasto total (35% para sanidad, 25 % para educación y 10% para protección social).