El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el caso sobre supuestos abusos sexuales cometidos presuntamente por varios sacerdotes del llamado grupo de Los Romanones, ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos. En un auto fechado ayer, el magistrado Antonio Moreno considera que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado de Granada.

De este modo, señala que "precisamente los hechos se producen por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial de la parroquia". Es por todo ello, "por culpa in eligendo como in vigilando y por el lugar del que parten en relación de causalidad los actos de índole sexual que se originan desde la parroquia", por lo que se estima que se cumplen todos los presupuestos expuestos para la declaración de responsabilidad civil del Arzobispado.

El juez considera que "no cabe duda" de que los imputados, "especialmente al padre Román M.V.C., cabeza visible del grupo de sacerdotes imputados, aprovechando la condición de la víctima como monaguillo en la iglesia que regía", contaba con una gran "ascendencia" sobre él, invitándole a quedarse a dormir en su casa y "a participar en actos comunales del grupo" de sacerdotes. El magistrado matiza que, si bien es cierto que la mayoría de los actos libidinosos se realizaron en la casa de los curas, éstos se produjeron por la condición de sacerdotes de los imputados y por el reclutamiento y aprovechamiento de la víctima o víctimas en la sede y en la casa parroquial.

En el auto se expone el máximo representante del Arzobispado de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez, "habría incumplido con los actos de vigilancia, policía o seguimientos necesarios y recomendados por la Santa Sede para evitar la comisión de unos hechos por parte de un grupo de sacerdotes además muy conocido en una ciudad como Granada" y por el propio arzobispo. Por todo ello, acuerda declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado en relación a estos hechos, si bien la cuantía se determinará en el momento procesal oportuno.