Andrea, la niña gallega de 12 años con una enfermedad rara e irreversible para la que sus padres pedían una muerte digna, falleció ayer en Santiago y su caso ha reabierto el debate sobre los tratamientos médicos que se aplican a pacientes que sufren una dolencia incurable. Estela Ordóñez y Antonio Lago, los padres de la pequeña que llegaron a los tribunales para pedir al equipo médico del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) que retirara la alimentación artificial que mantenía con vida a la menor, aseguraron ayer que Andrea "se fue en paz y con tranquilidad, sin sufrir; como ella misma hubiese querido". "Para nosotros Andrea, tal y como la conocíamos, comenzó a írsenos cuando ingresamos de urgencia el 9 de junio, fecha de la que ahora se cumplen cuatro meses, pero su recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones", resaltaron.
El pasado lunes, y en una reunión a instancias del juez de primera instancia Roberto Soto, encargado del caso, el equipo médico y los padres alcanzaron finalmente un acuerdo. Los facultativos cambiaron su criterio y su plan terapéutico, según explicó la gerencia del centro, después de "los cambios clínicos" registrados por la paciente en las últimas horas.
Previamente, la familia había decidido hacer público su caso después de que un informe del comité de ética asistencial del 14 de septiembre amparase su postura y recomendase retirar a Andrea la medida de soporte vital que era cuestionada y aconsejase la sedación paliativa.
La gerencia del CHUS obvió ese informe, que no es vinculante, y se amparaba en que el plan terapéutico de la pequeña había sido autorizado por resolución judicial el 28 de julio. No obstante, no mencionaba que ese auto también aludía a que estaba pendiente la emisión del informe del comité de ética asistencial e instaba a tener en cuenta "también" sus consideraciones.
Los padres de la pequeña agradecieron ayer, a través de un comunicado tras conocerse el fallecimiento de la niña, el apoyo de quienes "en estos días tan difíciles" han estado a su lado, porque de lo contrario "este final hubiera sido, sin duda, aún más duro".
Entre sus agradecimientos, citaron a medios de comunicación, al juzgado de familia, al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), a la Fiscalía y al personal del hospital, así como a diferentes asociaciones. "A todos vosotros, en estos momentos, nuestra más sincera gratitud", señalaron los padres de Andrea, quienes pidieron despedirse de su hija "en familia", y que "este último adiós" se realice en la más estricta intimidad, en compañía de los allegados y seres queridos.
El gerente del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Luis Verde, expresó ayer, asimismo, el máximo respeto hacia la familia de Andrea. "Hemos vivido un episodio difícil para los padres por parte del hospital y hablo también en nombre del Servicio de Pediatría", resaltó.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, también quiso transmitir ayer a su cariño y el pésame a los padres de la pequeña Andrea. A través de un mensaje publicado en Twitter, Alonso expresó sus condolencias a la familia de la niña. "Mi más profundo pésame, con todo mi cariño, a los padres de Andrea. DEP", señaló el ministro en la red social.
El fallecimiento de esta niña de Noia se produce tres meses después de la aprobación de la ley gallega sobre derechos de los enfermos terminales y sienta un precedente en España para los menores en estas situaciones.
Desde la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD), su presidente, el doctor Luis Montes, afirmó que la sociedad está "suficientemente madura" para abrir el debate del suicidio asistido y la eutanasia, y confió en que los partidos políticos aborden por fin este asunto. El derecho a decidir al final de la vida "es fundamental" y la sociedad está demandando que así sea reconocido, señaló el facultativo.Para concienciar a los partidos, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente ha puesto en marcha la campaña #LibresHastaElFinal, que con la colaboración de varios famosos reclama la derogación del artículo que penaliza el suicidio asistido.
