La ley de protección de los menores que establece la necesidad de garantizar que no se han cometido delitos sexuales para trabajar en un entorno de niños no se cumple, a pesar de que entró en vigor en agosto. Tan solo Andalucía y La Rioja han comenzado a exigir los certificados de penales a los nuevos profesores, mientras que Castilla-La Mancha no lo ha aplicado debido a las quejas sindicales. De hecho, la norma ha sido denunciada al Defensor del Pueblo por Comisiones Obreras de esta comunidad, que entiende que vulnera el derecho a la intimidad del trabajador y la Ley de Protección de Datos, según El Mundo.
La Xunta trabaja en un protocolo de gestión de esta información y matiza que su aplicación resulta compleja porque afecta a todas las administraciones. "No solo los docentes están en contacto con menores. Solo en lo referido a los centros educativos y su entorno también lo están el personal de limpieza, cuidadores, trabajadores del comedor, conductores de autobús, etc..; personal que, en muchos casos, ni siquiera depende de la Consellería ni está contratado por nosotros", añaden fuentes de Educación. También afectaría a firmas privadas y concellos.
La exigencia del certificado de penales será transitoria, pero luego "será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores" aportar un certificado negativo del registro de delincuentes sexuales.
Mientras tanto, deberá ofrecerse un certificado de penales, documento expedido por el Ministerio de Justicia que especifica todas las condenas firmes impuestas a un ciudadano detallando los delitos. Hasta ahora se exige a puestos relacionados con Justicia, ejército, policía y empresas de seguridad. La polémica radica en que la administración o una empresa conocerá así si un empleado tiene antecedentes por una cuestión no relacionada con delitos sexuales, lo que podría afectar a su contratación.
