La Audiencia Provincial de A Coruña ha pedido investigar por "homicidio imprudente" a los dos cargos del Sergas contra los que hay abierta una causa por el supuesto retraso deliberado en la medicación, por "razones presupuestarias", a pacientes enfermos de hepatitis C. Sobre ambos ya pesa una imputación por prevaricación, vinculada a la muerte de seis personas, a la que ahora se suma la de homicidio tras aceptarse parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que en principio solo había estimado el supuesto delito de prevaricación.

La investigación judicial, que aún está en la fase de diligencias previas, trata de averiguar si, tal como sostiene fiscal, hubo por parte del Sergas una demora ilícita en la evaluación de pacientes de hepatitis C y en el suministro del fármaco -dado que era muy caro al tratarse de una medicación novedosa- que produjo como consecuencia el fallecimiento de seis personas.

Los dos cargos investigados -imputados en la terminología anterior- son el exdirector de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, que ya declararon el pasado 28 de abril en el juzgado compostelano que instruye la causa. El juez Andrés Lago Louro decidió investigarlos solo por prevaricación, pese a que la Fiscalía también les atribuía el supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave", por lo que fiscal recurrió el auto ante la Audiencia de A Coruña, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, que le acaba de dar la razón en parte. Si bien en el auto de la Audiencia se considera que por el momento "no hay base objetiva o médica para establecer una relación" entre el retraso en la medicación y la muerte de los pacientes -aunque aclara que en el momento procesal actual tampoco importa, porque eso es lo que se tratará de averiguar en el curso de las diligencias-, el tribunal sostiene que resulta "inadecuado" que por un lado se estime que la actuación de los dos cargos del Sergas pueda ser delictiva por "supuestamente obstaculizar que los pacientes recibieran un tratamiento" y al mismo tiempo, considerarlos ajenos a las consecuencias de la ausencia de tratamiento o suministro tardío a los pacientes enfermos.

La Audiencia Provincial precisa también que la ampliación de las imputaciones se produce "desde la necesaria perspectiva de preservar desde un primer momento la posición procesal de los denunciados" y para propiciar que ejerciten plenamente su derecho a la defensa frente a la totalidad de los hechos recogidos en la denuncia. En su auto, el tribunal coruñés solicita que se les tome nuevamente declaración en el juzgado compostelano.

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C celebra el "espaldarazo" que ha dado a sus reclamaciones la Audiencia. Su portavoz, Quique Costas, lamenta no obstante el "año perdido" que ha supuesto una instrucción "exasperantemente lenta". "Lo más lamentable es que llevamos un año perdido", censuró.