Cuando desapareció el Códice Calixtino, muchas miradas se volvieron hacia el patrimonio custodiado por la Iglesia, entre ellas la de la Fiscalía Superior de Galicia -entonces ocupaba el cargo Carlos Varela-, que fue la principal valedora de una iniciativa, Igrexa segura. Su meta era poner a recaudo de los ladrones los bienes históricos y culturales cobijados en alguna de las casi cuatro mil parroquias esparcidas por la comunidad. La propuesta se basaba no tanto en ocultar los objetos de más valor, como de inventariarlos y mejorar las medidas de seguridad.
Pero si la sustracción del valioso manuscrito del siglo XII ocurría en julio de 2011 y la Fiscalía lanzaba su propuesta menos de un mes después, el proyecto se quedó en el limbo y los templos del rural gallego siguen siendo objeto de robos.
Aparte de las campanas, los principales objetivos de los cacos no serían los bienes artísticos, que "apenas" tienen protagonismo, al menos en las denuncias que llegan hasta la Guardia Civil (el año pasado se registró una media de más de dos robos a la semana en templos gallegos). Según los agentes, los ladrones van a lo práctico: a los cepillos u otros objetos a la vista en el interior de la iglesia, incluso el móvil del sacerdote si se tercia, una impresión con la que coincide el Arzobispado de Santiago, que concede que su patrimonio está más expuesto en las zonas rurales. La Fiscalía proponía, entre otras medidas, inventariar las obras, lo que facilitaría su recuperación llegado el caso, de lo que tomó nota el Arzobispado de Santiago. Los consejos de seguridad de los agentes incidían en varios puntos, como la supervisión de las llaves o el control de accesos. El fiscal pidió que el gasto de seguridad lo asumiesen las diócesis.
