Tras conocerse la intención de Hacienda de que los profesionales sanitarios tributen lo gastos de asistencia pagados por la industria farmacéutica para su participación en congresos científicos, las reacciones de rechazo han ido replicándose en los distintos colectivos médicos del Estado. El gremio asegura que los facultativos no pueden desembolsar de su bolsillo los costos de acudir a estos encuentros, por lo que demandan a la Administración que financie su formación, hasta ahora mayoritariamente sufragada por laboratorios privados.

En Galicia, profesionales, colegios médicos y entidades de distintas áreas de la sanidad también se oponen a que las cantidades percibidas de las farmacéuticas en concepto de desplazamiento, alojamiento y manutención relacionados con eventos de formación deban considerarse una retribución en especie, como pretende el fisco. Según un informe de la Agencia Tributaria, fechado a principios de este mes, estos importes no pueden incluirse dentro de la excepción que la ley establece para "las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje" del personal debido a que los congresos no están financiados por el Sistema Nacional de Salud sino por la industria farmacéutica.

Dicho criterio, hasta ahora descartado por la propia Administración por considerar que son los pacientes los beneficiarios últimos de la formación patrocinada por los laboratorios, ha suscitado malestar en los órganos de representación del gremio sanitario gallego.

"Me parece un verdadero crimen que, aun por encima de sacrificar mi tiempo libre para formarme y ofrecer mejor asistencia, me figure como gasto y se me grave sin yo percibir nada", señala Isidro J. Lago. El vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra considera que los pagos para asistir a encuentros de formación, "de la que la Administración no se preocupa" , no pueden equipararse con los trabajos de consultoría que algunos profesionales realizan para la industria farmacéutica. En dichos casos, subraya, "es lógico y ético que las retribuciones se tengan que declarar", pero no así cuando los importes recibidos permiten a los facultativos "mejorar la calidad de sus competencias".

Una tarea que, según el Colegio de Médicos de A Coruña, es, además de "una obligación legal" , una "cuestión clave para la vida y salud de las personas". A través de un comunicado difundido ayer, el órgano colegial coruñés muestra "su más absoluto rechazo" a la propuesta de Hacienda, a la que califica de "despropósito" , enfatizando que la adquisición y mejora de conocimientos y habilidades es "un deber ético, un derecho y una responsabilidad" de los profesionales de la sanidad.

Sobre esta premisa, facultativos gallegos reclaman -como ya se plantea en una iniciativa respalda por más de 17.000 firmas en la plataforma Change.org- que sea el Estado el que financie su formación, dejada "en manos de farmacéuticas". Así lo demanda -y denuncia- Manuel González, portavoz de SOS Sanidade Pública, quien defiende que, "más allá de que Hacienda retenga o no las ayudas de los laboratorios", sea la Administración la que ponga los medios. Según González, tanto para evitar que los "precios prohibitivos" de las reuniones científicas obliguen a los médicos a aceptar los pagos de la industria para poder acudir, como para evitar que esta condicione el tipo de formación que se ofrece en estos eventos.

Un argumento que comparte Jesús Sueiro, presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, quien reivindica la inversión pública en la formación continua médica para "garantizar la objetividad, independencia y ausencia de distorsiones comerciales. No se debe olvidar, advierte, que "los intereses de quien paga no siempre son coincidentes con los de los pacientes".

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