"Mis hijos están en peligro si dejamos caminar esta injusticia que nos está martirizando. Señora juez, no es un desafío ni mucho menos mi actitud, es la única forma que he encontrado a mi alcance como madre para proteger las joyas más preciadas de mi vida. Por favor, pónganse en mi lugar". Con estas palabras cierra Juana Rivas -la mujer víctima de violencia doméstica que se dio a la fuga tres semanas atrás para no entregar a sus dos hijos a su exmarido- una carta hecha pública ayer en la que denuncia la "auténtica pesadilla de terror" que padece por lo que entiende un incumplimiento reiterado en la aplicación de las leyes.
Centenares de personas de toda España hicieron ayer suya la causa de Juana Rivas. Hasta una docena de ciudades, entre ellas A Coruña y Vigo, registraron concentraciones en apoyo a la mujer, que permanece en paradero desconocido. La entrada de los juzgados fue el escenario para escenificar la protesta coruñesa. "El objetivo principal es evitar males mayores, que no se revivan situaciones como ha ocurrido ahí atrás con el asesinato de otra víctima o de los hijos", señala una de la manifestantes en A Coruña.
El epicentro de las movilizaciones fueron los juzgados de La Caleta, en Granada, en los que se tramita el caso de Juana Rivas. Allí se leyó la carta manuscrita por esta madre. "Estoy huida pero no siento que esté haciendo nada fuera de la ley. Pues la ley es la que se ha saltado a la torera desde la primera jueza. Si la ley se hubiera aplicado no estaríamos aquí. Si la jueza hubiera enviado los papeles a Italia hace un año, el convenio de La Haya no estaría amenazando a mis hijos, sino protegiéndolos", afirma.
Los papeles a los que se refiere la mujer son la traducción al italiano de la denuncia por malos tratos interpuesta, en julio de 2016, por Juana Rivas contra su exmarido, Francesco Arcuri. Aunque el hombre había sido condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito doméstico, la denuncia se refiere a los presuntos malos tratos que habría cometido contra Juana Rivas entre junio de 2013 y mayo de 2016, cuando la pareja residía con sus dos hijos en la localidad italiana de Calaforte.
Tras retornar a España, Rivas presentó la denuncia por malos tratos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, amparándose en el Estatuto de la Víctima, que permite que los residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas las denuncias por delitos cometidos en otros países de la UE. El juzgado se declaró incompetente, informando de que Rivas podía acudir a los tribunales italianos. El 13 de marzo emitió una providencia para unir a los autos la copia testimoniada de la denuncia a la autoridad italiana y ponerla en conocimiento del juzgado donde se juzga el procedimiento por la presunta sustracción internacional de menores presentada contra Rivas por su exmarido. Pero esa denuncia no se tradujo al italiano hasta agosto. Entre medias, la mujer desoyó la orden judicial de entregar a sus hijos al padre el 26 de julio.
