La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) denunció ayer la existencia de una campaña de desprestigio y una "absoluta falta de respeto" a las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento que se sigue contra Juana Rivas, la mujer que se encuentra en paradero desconocido junto a sus dos hijos tras incumplir la orden de entregárselos al padre, condenado en 2009 por maltrato.
La asociación lamentó igualmente que se llegara a afirmar que los jueces y magistrados del caso han incumplido la legislación y mantiene que las críticas son "exarcebadas, sin fundamento ni rigor jurídico" algo comprensible cuando surgen desde el "sentimentalismo, populismo o demagogia".
Con este mensaje se suman a la reivindicación deasociación de jueces Francisco de Vitoria y matizan que la mujer debía entregar sus dos hijos al padre en cumplimiento con una resolución judicial.
Ante las críticas surgidas contra esta resolución judicial, la asociación, de talante conservador, asegura ser consciente de que estas decisiones pueden provocar decisiones adversas, sin embargo exponen que el Estado de Derecho y el respeto a la separación de poderes hacen inadmisibles dichas críticas si provienen de representantes políticos en el poder porque constituyen "auténticas intromisiones y ataques al respeto de la independencia judicial". Además criticaron que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) omitió pronunciarse sobre este asunto y no ha defendido la labor de los magistrados implicados en el caso de Juana Rivas.
Por otra parte, la psicóloga del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada) que ha atendido a Juana Rivas, que permanece ilocalizable tras no entregar sus hijos al padre, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar, ha desaconsejado "vehementemente" la restitución de los menores, de once y tres años.
