La Fiscalía ha retirado el recurso de apelación que formalizó ante la Audiencia de Granada al auto del Juzgado de guardia que decretó la libertad provisional de Juana Rivas, la vecina de Maracena que el lunes entregó ante la Guardia Civil a sus hijos, al entender que ha cesado la situación delictiva.

Después de que Rivas acatase la sentencia que le obligaba a restablecer a los niños con el padre, Francesco Arcuri, con residencia en Italia, la Fiscalía ha decidido retirar el recurso para pedir su entrada en prisión. La Fiscalía deja así sin efecto el recurso de apelación al tribunal provincial que presentó para oponerse al auto que dictó la semana pasada el Juzgado en funciones de guardia y en el que dejó a Juana Rivas en libertad con cargos tras ser detenida esa misma mañana por la Policía Nacional en las inmediaciones del juzgado.

Por su parte, el Juzgado de Instrucción número dos de Granada ha citado hoy a la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, y a la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, como investigadas por "su presunta intervención" como "inductoras" o "partícipes necesarios" en una supuesta sustracción de los hijos de Rivas.

Trabajadoras de los centros municipales de Información de la Mujer de la provincia de Granada emitieron ayer un comunicado en el que denunciaron el "ataque sistemático" al que se está viendo sometido su "labor en pro de los derechos de las mujeres y de sus hijos" luchando "contra la desigualdad y la violencia de género", y han apoyado el trabajo realizado por sus compañeras de la localidad de Maracena.

Por otra parte, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez exigió ayer la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Congreso de los Diputados para explicar el caso de Rivas, obligaba a devolver a sus hijos al padre, condenado por lesiones en el ámbito doméstico en 2009. En un comunicado, la parlamentaria del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea reclama al ministro de Justicia que explique los motivos de la "inacción de la Fiscalía" en casos en los que hay "peligro potencial grave para menores de edad" como el de Juana Rivas. "Desde el año 2015 la legislación recoge que el interés del menor tiene que primar siempre. El caso de Juana y sus hijos es terrible, pero no el único", señaló.