La heredera de Franco tiene 15 días para devolver al Concello de Santiago las dos figuras del pórtico de la Catedral que están bajo el control de su familia desde los 50 y que durante años permanecieron en la vivienda del dictador en A Coruña, la Casa Cornide, sin que nadie supiese de su existencia. Si Carmen Franco no reconoce que las esculturas son propiedad de Santiago y las pone a su disposición, el Concello tomará acciones legales. Este es el contenido del requerimiento que envió ayer el Gobierno de Santiago, la primera administración que pone en marcha un procedimiento para solicitar a la familia que devuelva al pueblo gallego bienes como las esculturas, del Mestre Mateo, o el pazo de Meirás. La puesta en marcha de este requerimiento y de posteriores acciones legales cuenta con el respaldo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que dijo que le gustaría "que prosperase".

Para Feijóo la fórmula utilizada por Santiago "está bien construida desde un punto de vista formal" y se trata de la misma, dijo, que el PP plantea para recuperar el Pazo de Meirás. Feijóo explicó la semana pasada en el Parlamento que su opción para que el inmueble pase a tener titularidad pública es crear una comisión de investigadores universitarios que "acredite los vicios ocultos" que hubo en la donación del pazo a la familia Franco y, así, dejarla sin efecto. Por su parte, el Concello de Santiago anunció hace una semana que había encontrado el documento notarial de compraventa de las esculturas, que representan a dos personajes del Antiguo Testamento, en los archivos de la Universidade de Santiago. En el título, que data de 1948, se condiciona la venta a que las figuras no "salgan del patrimonio municipal ni por enajenación, donación, concesión de depósito o cualquier otra figura" y en eso se basa el Concello.

Nuevas visitas al Pazo

Por su parte, la Fundación Franco anunció que hoy volverá a abrir el pazo de Meirás a visitas, como está obligado por ser BIC. La organización, que gestiona la apertura del inmueble en nombre de la familia, suspendió las visitas el 8 de septiembre por "motivos de seguridad", motivo por el que la Xunta abrió un expediente informativo. La familia Franco ya fue multada con 4.500 euros por desactivar el teléfono a través del que se reservan las visitas.