"Nos da envidia al mismo tiempo que esperanza, porque en Portugal ha sido auspiciada por un gobierno de coalición de izquierdas después de un debate y una regulación bastante restrictiva", asegura la secretaria de la principal Asociación en España. No en vano, la ley portuguesa dice "es posible recurrir a la gestación subrogada, pero solo se aplicará en situaciones absolutamente excepcionales", literalmente. También la ley limita el contacto de la madre gestante con el bebé al "mínimo indispensable" tras su nacimiento, debido a los "potenciales riesgos psicológicos y afectivos que esa relación supone, sin perjuicio de las situaciones en las que la gestante de sustitución es un familiar próximo". Queda, no obstante, ver cómo funciona en la práctica.
"Lo vemos como un paso más hacia la regulación en nuestro país, del mismo modo que Canadá, o Reino Unido, o algunos estados de EEUU", indica Aurora González. "Los cambios de la legislación van por detrás de los avances médicos; es un tema controvertido como en su día lo fueron otros temas médicos o el aborto", matiza.
En España la polémica continúa, con voces que defienden la regulación de la gestación subrogada como parte de los derechos reproductivos y otras que rechazan supeditar la libertad de la mujer gestante a la voluntad de una pareja que desee tener hijos con sus mismos genes. En ese último caso, en contra, se sitúan tanto colectivos de izquierda y feministas, como de la derecha más conservadora.
La Asociación por la gestación subrogada e España espera que se debata antes de diciembre. En contraposición, el PSOE se ha posicionado en contra de la práctica, resolviendo que "supone una mercantilización de los cuerpos de las mujeres" y es contraria a su ideario. Por esta misma razón, Podemos tiende a rechazar esta práctica, pero aún no ha fijado claramente su posición. El PP decidió en su Congreso nacional de febrero esperar a las recomendaciones de un comité de expertos antes de definir su postura.
