"Derecho a cuatro abuelos". De este modo defendió uno de los portavoces de la Asociación Galega de Nais e Pais Separados Lois Manuel Toirán en el Parlamento gallego la necesidad de que la Cámara autonómica debata una ley que permita que la custodia compartida de los hijos sea la opción preferente en caso de ruptura de la pareja y que Galicia se una a otras cuatro autonomías que ya disponen de una legislación similar. Y sus argumentos convencieron al PP, que tenía esa normativa entre sus planes desde hace tiempo, y al PSdeG, con cuyos votos se aprobó la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre corresponsabilidad parental, que llegó ayer al pleno avalada por casi 15.000 firmas y que a partir de ahora proseguirá su tramitación parlamentaria como una proposición de ley más.

"Somos padres, madres, hermanos, abuelos y tíos que han visto cómo los niños, una vez que la pareja se separó, fueron apartados de la mitad de las personas que les querían", defendió Toirán. Pese a sus argumentos -entre los que incluyó que comunidades con esta legislación registran un "aumento de corresponsabilidad", como Cataluña, donde el 42% de las parejas comparten custodia tras una separación o divorcio- el BNG rechazó la propuesta y En Marea ni se pronunció porque ayer para el partido instrumental tocaba hablar de incendios, aunque la formación, según expresó su diputada Paula Quinteiro, está dispuesta a trabajar en el desarrollo de la ley si recibía luz verde.

Y la ha recibido. Con reticencias, eso sí. Porque tanto la diputada popular Paula Prado como la socialista Patricia Vilán expresaron dudas sobre su constitucionalidad. De hecho, para Prado, que defendió que "no debemos tener miedo a una figura que solo busca el interés supremo del menor", el requisito previo al debate de la ley en la Cámara es escuchar "cuando menos, a la Comisión Superior para el estudio y desarrollo del Derecho Civil en Galicia, con el fin de que nos facilite asesoramiento para evitar que el Tribunal Constitucional anule esta norma autonómica". No sería la primera vez: está el precedente de la Comunidad Valenciana.

También Vilán, que apuntó que su grupo considera el texto que llegó a O Hórreo como "manifiestamente mejorable", también alertó sobre el hecho de que le parece "dudosamente constitucional". "Es discutible que tenga encaje en nuestro Derecho Civil Foral", alegó, y apuntó que la incógnita no se resolverá hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la Lei de Adopción de Galicia. En todo caso, ambas defendieron la pertinencia de abordar el tema de la custodia compartida en la comunidad gallega, si bien para Paula Prado, quien destacó la ventaja de que regular la custodia compartida supondrá "fomentar el acuerdo entre los progenitores a través de la mediación familiar, con el fin de reducir la litigiosidad así como de promover la corresponsabilidad parental, dejando atrás el concepto de visitas", otra "preocupación" del PP es la "obligatoriedad" de optar por la custodia compartida.

Esa obligatoriedad es también lo que provocó que el BNG se pronunciase en contra, lo que suscitó el reproche de Toirán, quien recordó a los nacionalistas que "hace un año" eran favorables a abordar el asunto. Olalla Rodil manifestó el rechazo a la custodia "impuesta", toda vez que "abre la puerta a la custodia en situación de malas relaciones y ofrece una imagen de sociedad igualitaria inexistente". A su juicio el modelo impone como "solución salomónica" la custodia compartida sin tener en cuenta el "contexto histórico y social".