La perspectiva profesional de Aida Blanco, abogada especializada en casos de abusos a menores, se inclina a que la custodia compartida no sea la opción que se incluya por defecto en la futura normativa, sino que se debe dejar en manos del juez, al que le toca "valorar otras circunstancias" más allá del deseo de los padres. Dice que "debe primar el interés jurídico" de los hijos como "ya recoge" la ley de protección del menor. La rechaza porque cree que una supuesta obligatoriedad de esta opción equivaldría a "mediatizar al juez" y a "limitar sus competencias".

Blanco, que es también la presidenta de la Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO (Amino) en Galicia, considera que una custodia compartida entre los dos progenitores es "deseable para que el modelo de convivencia sea lo más parecido a la vida que tenían antes" de la ruptura pero que debe de tener "unas garantías y el garante tiene que ser el juez". "No es el modelo adecuado en todos los casos", insiste. Para ejemplificar, recuerda un caso de custodia compartida en el que uno de los progenitores viajaba frecuentemente por trabajo y era la abuela quien se quedaba con los niños en su turno.

En los casos de violencia machista "no es posible" una custodia compartida porque "suelen afectar también a los niños". "Intentamos inculcar que se denuncie y se notifique" desde la asociación, explica Blanco. Pero sin maltrato de por medio, dice, tampoco es lo adecuado para todos los casos por motivos laborales y económicos.