El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género urgió ayer a implantar medidas de protección a las víctimas como imponer la libertad vigilada a los agresores, actualizar los dispositivos de seguimiento o endurecer las consecuencias de quebrantar una orden de alejamiento. Así lo subrayó la presidenta del Observatorio, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona, después del caso de la mujer de 28 años de Elda (Alicante) asesinada a tiros el pasado miércoles por su expareja mientras recogía a su hijo del colegio. Un caso que "hiela la sangre" porque la víctima había denunciado hasta en tres ocasiones -la última el pasado día 2- a su verdugo, sobre el que pesaba una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de Novelda que le impedía acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio.