El Gobierno respondió ayer con una promesa de 200 millones de euros en los próximos presupuestos a la exigencia de todas las comunidades autónomas de financiación asegurada para poner en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De esta cantidad, la mitad irá a las distintas autonomías, 20 millones a los ayuntamientos y 80 corresponderán al Gobierno Central. Las tres administraciones firmaron ayer la puesta en marcha de las primeras 26 medidas del Pacto que no requieren reformas legislativas.
Por su parte, la secretaria socialista de Igualdad, Carmen Calvo, avisó al Gobierno de que el PSOE no le "entrega un cheque en blanco en un asunto tan trágico y determinante para la protección de los derechos de las mujeres" como es la lucha contra la violencia machista y ha exigido que la dotación de 200 millones para el Pacto en 2018 no esté vinculada "a ninguna circunstancia presupuestaria".
La Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas cree que el Pacto llega "tarde y mal". "Tarde" porque "debería llevar un mes puesto en marcha" y "mal" porque "se hace sin la participación" del movimiento feminista y "sin clarificar" cómo se van a llevar a cabo muchas de las medidas. La presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, subrayó que siguen a la espera de que "se empiece a calendarizar y a cumplir las medidas concretas" que se han aprobado en el Pacto.
Las 26 medidas con las que va a arrancar el Pacto incluyen mejoras en la asistencia y protección de las víctimas, en la sensibilización y la educación, y en las formación de los profesionales que intervienen en el proceso.
Se aplicarán, por ejemplo, medidas de prevención de violencia de género y sexual en todas las etapas educativas, refuerzo de inspección educativa y formación del profesorado y personal sanitario. Habrá también una mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones y acreditación de situaciones de violencia para acceder al estatuto integral de protección. Está previsto, también el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas en los protocolos de ámbito sanitario y, entre las medidas de asistencia y protección de los menores, se aplicará la suspensión del régimen de visitas al maltratador y habrá un impulso a la formación de los distintos agentes ampliando la formación de profesionales de justicia, cuerpos de seguridad, abogados y procuradores.
