Este decreto, que se aprobará en 2018, con cinco años de retraso después de aprobarse la Lei de Inclusión Social, recoge, según la Consellería de Política Social las demandas planteadas por las entidades sociales para que se pueda compatibilizar la Risga con un trabajo y además incluye "mejoras en la tramitación" de las ayudas.

Una de las principales quejas de los perceptores, de las que se hizo eco además el Valedor do Pobo, es el retraso en cobrar la ayuda desde que se solicita. El departamento que dirige José Manuel Rey explica que el nuevo decreto incorporará la historia social electrónica, que, al igual que la historia clínica, recogerá todos los datos y antecedentes de la persona que solicita la prestación. De esta manera, "se agilizarán los plazos".

Entre los requisitos para acceder a la ayuda se tiene en cuenta no solo contar con unos ingresos inferiores a 400 euros, sino también "no disponer de bienes patrimoniales de los que se deduzca la existencia de medios suficientes". Esta norma detalla precisamente cuál es el límite patrimonial para percibir la renta de integración social. Los bienes en posesión del solicitante de esta ayuda no podrán reportar cantidades líquidas superiores a cuatro mensualidades del Iprem (2.148 euros) y o cuando su patrimonio, al margen de la vivienda habitual, tenga un valor catastral de más de 7.500 euros (incluidos los coches).