El PSOE quiere que el Congreso inste al Ministerio del Interior a saldar la deuda de 110 millones de euros que acumula con las comunidades desde 2012, cuando, según denuncia, los centros penitenciarios empezaron a devolver las facturas que les llegaban desde las conserjerías de Sanidad por los gastos derivados de la atención sanitaria a los presos.
El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido sólo asume la atención primaria de salud que se presta dentro de las prisiones, pero son las comunidades las que se encargan de las urgencias, hospitalizaciones, diagnósticos, consultas y de la atención especializada que reciben los reclusos. Los socialistas denuncian que esta situación afecta a todas las comunidades salvo Cataluña y Euskadi, por tener traspasadas las competencias penitenciarias y por haber recibido la de la sanidad en las cárceles, respectivamente.
